Por Abril Peña
Cada 30 de julio, el mundo recuerda uno de los crímenes más atroces y silenciados: la trata de personas. Un negocio multimillonario que no trafica armas ni drogas, sino cuerpos. Y en República Dominicana —pese al desconocimiento social— también tiene rostro, víctimas y rutas bien definidas.
¿Qué es la trata?
Es la captación, transporte, traslado o recepción de personas con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, matrimonios forzados o tráfico de órganos. La mayoría de las víctimas son mujeres, niñas, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad.
A diferencia del tráfico ilícito de migrantes, la trata no termina al cruzar una frontera. Comienza ahí. Y su impacto puede durar toda una vida.
¿Cuál es la realidad en República Dominicana?
Nuestro país figura tanto como lugar de origen, tránsito y destino. Esto significa que víctimas dominicanas son llevadas a otros países, pero también que extranjeros —especialmente haitianos, venezolanos y colombianos— son explotados en suelo dominicano.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., República Dominicana sigue en la Lista de Observación Nivel 2, lo que indica que aunque se hacen esfuerzos, no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata.
Se han documentado casos de niñas dominicanas explotadas sexualmente en zonas turísticas, mujeres llevadas a Europa bajo engaños de contratos falsos, y trabajo forzado en el servicio doméstico, la construcción y la agricultura.
El Informe 2024 de Trata de Personas reveló que al menos 500 personas fueron identificadas como víctimas en el último año, pero los expertos coinciden en que la cifra real puede ser diez veces mayor.
Las rutas del silencio
Uno de los mayores desafíos es que muchos casos no se denuncian. Las víctimas temen represalias, no confían en las autoridades o ni siquiera se reconocen como víctimas. Además, las redes de trata están profundamente conectadas con mafias de transporte, corrupción policial, y falsos agentes de empleo.
En zonas como Bávaro, Sosúa, Santiago, el DN o la frontera sur, los testimonios abundan pero la acción del Estado es débil, dispersa o tardía. El presupuesto destinado a combatir esta problemática es ínfimo en comparación con el volumen de casos.
¿Y el Estado?
Aunque se han creado unidades especializadas dentro del Ministerio Público y campañas de sensibilización, la respuesta estatal sigue siendo reactiva, aunque en los últimos tiempos han habido numerosos apresamientos. Aún falta una política integral, con presupuesto, protección efectiva a las víctimas, programas de reintegración, y sanciones ejemplares a los tratantes.
El sistema judicial muchas veces revictimiza: exige pruebas imposibles, cuestiona la moral de las víctimas o deja libres a los explotadores por tecnicismos procesales.
Cuando se habla de trata, muchos imaginan películas de acción o redes internacionales complejas. Pero la realidad es mucho más cotidiana y más cruda: niñas desaparecidas que terminan en burdeles, jóvenes que se marchan creyendo en una promesa falsa y aparecen encerradas, trabajadores migrantes explotados en campos o mansiones, sin papeles, sin voz, sin salida.
Un llamado a mirar de frente
Combatir la trata no es solo tarea del gobierno. Es también una responsabilidad social y ética. Los medios debemos visibilizar, las escuelas educar, las familias escuchar y la sociedad civil acompañar. Mientras la indiferencia nos siga pareciendo normal, los tratantes seguirán ganando.
