@abrilpenaabreu
Cada certificado de título que entrega el Estado representa seguridad jurídica y oportunidades para miles de familias. Pero el verdadero salto estructural sería convertir la titulación en un proceso ágil, accesible y al alcance de cualquier ciudadano.
Durante décadas, millones de dominicanos han vivido en terrenos y viviendas que sienten suyos, que han construido con el esfuerzo de toda una vida y que incluso han heredado de generación en generación. Sin embargo, para el Estado, una parte importante de esas propiedades simplemente no existe desde el punto de vista legal.
Por eso, cada entrega de certificados de títulos merece ser reconocida. Esta semana, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de más de mil títulos de propiedad, beneficiando directamente a miles de personas que, a partir de hoy, dejan de ser simples poseedores para convertirse en propietarios con plenos derechos.
Y esa diferencia es mucho más profunda de lo que muchos imaginan.
Un certificado de título no es únicamente un documento. Es seguridad jurídica, es patrimonio, es estabilidad para una familia y oportunidades para las próximas generaciones.
Quien posee un inmueble debidamente titulado puede venderlo con mayor facilidad, heredarlo con menos conflictos, utilizarlo como garantía para acceder a financiamiento, obtener préstamos hipotecarios o comerciales, mejorar su perfil crediticio, incrementar el valor de su patrimonio e incluso desarrollar pequeños negocios utilizando ese activo como respaldo financiero.
En otras palabras, el título convierte una propiedad en un activo productivo. No es casualidad que economistas de todo el mundo hayan señalado durante años que la formalización de la propiedad es uno de los motores silenciosos del desarrollo económico. Allí donde las personas tienen certeza sobre sus bienes, aumenta la inversión, se fortalece el crédito, se dinamiza el mercado inmobiliario y crece la actividad económica.
Según datos oficiales, la actual administración ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad, una cifra histórica que ha permitido que miles de familias regularicen gratuitamente inmuebles cuyo proceso, de realizarse de manera privada, habría representado costos difíciles de asumir para la mayoría de los dominicanos.
Ese esfuerzo merece reconocimiento.
Pero precisamente porque el programa ha demostrado sus beneficios, quizá ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Porque ningún gobierno, por eficiente que sea, podrá titular todas las propiedades del país únicamente mediante jornadas especiales.
La verdadera transformación sería construir un sistema donde cualquier ciudadano pueda obtener su certificado de título de manera rápida, sencilla y a un costo razonable, sin depender de que un programa gubernamental llegue a su comunidad.
Hoy la realidad es distinta. Para muchas personas, regularizar una propiedad continúa siendo un proceso largo, complejo, costoso y excesivamente burocrático. Los expedientes pueden tardar años en completarse, los gastos legales resultan prohibitivos para numerosas familias y buena parte de los casos termina recorriendo un camino judicial que consume tiempo y recursos tanto del ciudadano como del propio Estado.
Y aquí surge una oportunidad histórica. El partido de gobierno cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso Nacional para impulsar una reforma estructural del sistema de titulación de tierras. No se trata de eliminar controles ni de debilitar la seguridad jurídica.
Todo lo contrario.
Se trata de diferenciar claramente los casos que realmente requieren la intervención de un juez de aquellos donde no existe ningún conflicto.
Si una propiedad cuenta con la documentación necesaria, no tiene oposición, no existen disputas entre herederos, los linderos están definidos y todas las partes cumplen con los requisitos legales, ¿por qué obligar al ciudadano a recorrer un procedimiento tan lento y costoso?
En esos casos, el país podría avanzar hacia un procedimiento administrativo mucho más expedito, con controles registrales rigurosos y todas las garantías legales necesarias, reservando la intervención judicial para aquellos expedientes donde realmente exista un conflicto que resolver.
Una reforma de esa naturaleza tendría efectos enormes. Reduciría significativamente la mora en la Jurisdicción Inmobiliaria. Descongestionaría los tribunales. Disminuiría los costos para los ciudadanos. Incentivaría la formalización de miles de propiedades que hoy permanecen fuera del sistema. Facilitaría el acceso al crédito.
Fortalecería la inversión privada. Incrementaría la seguridad jurídica.
Y permitiría que millones de pesos en patrimonio hoy inmovilizado comenzaran a incorporarse plenamente a la economía formal.
La República Dominicana ha demostrado que puede entregar títulos.
Ahora necesita demostrar que también puede hacer que obtener uno deje de ser una carrera de obstáculos. Porque cuando una familia recibe un certificado de título no solo gana un documento: Gana tranquilidad, gana oportunidades, gana patrimonio.
Y cuando un país facilita que sus ciudadanos formalicen lo que legítimamente les pertenece, no solo fortalece el derecho de propiedad.
Fortalece la economía, reduce la desigualdad y consolida las bases de un desarrollo mucho más sólido y sostenible. Quizá esa sea la próxima gran reforma pendiente: lograr que la titulación deje de depender de operativos extraordinarios y se convierta, simplemente, en un trámite eficiente al servicio de todos los dominicanos.
