@abrilpenaabreu
Una nueva tragedia vuelve a sacudir a la República Dominicana. Lo ocurrido en La Neverita no puede analizarse únicamente como un accidente aislado. Es, una vez más, el reflejo de un problema que durante años ha permanecido frente a los ojos de todos sin que las autoridades hayan logrado erradicarlo de manera efectiva.
En numerosos ríos del país existen excavaciones y depresiones que, durante la temporada de lluvias, terminan convirtiéndose en profundas lagunas de agua. Muchas de ellas han sido asociadas por comunidades y organizaciones ambientales con la extracción irregular de materiales de los cauces, una práctica que, cuando ocurre al margen de la ley o sin la debida supervisión, altera el ecosistema y puede generar riesgos permanentes para la población.
Si las investigaciones confirman que las condiciones del lugar donde ocurrió esta tragedia guardan relación con ese tipo de intervenciones, el país tendría que hacerse una pregunta incómoda: ¿cuántas vidas más deberán perderse antes de que exista una política real de prevención y recuperación ambiental?
El Ministerio de Medio Ambiente tiene la enorme responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales y de impedir que actividades ilegales o mal fiscalizadas conviertan los ríos en trampas mortales. Esa responsabilidad no termina con operativos esporádicos ni con comunicados después de cada desastre. Requiere vigilancia permanente, sanciones ejemplares, restauración ambiental y seguimiento continuo.
Lo más preocupante es que estas situaciones no son nuevas. Cada cierto tiempo el país vuelve a lamentar hechos similares, mientras muchas de las excavaciones permanecen abiertas durante años sin ser rellenadas, señalizadas o intervenidas. La sensación que queda en la ciudadanía es que la respuesta oficial llega siempre después de la tragedia.
La protección del medio ambiente no es únicamente una causa ecológica. Es una política de seguridad pública. Un río alterado por actividades ilegales puede convertirse en una amenaza para niños, jóvenes, pescadores y cualquier ciudadano que se acerque a sus aguas.
Hoy corresponde esperar que las investigaciones determinen con precisión las circunstancias de este lamentable hecho y establezcan las responsabilidades que correspondan. Pero, al mismo tiempo, corresponde exigir que esta no sea otra tragedia archivada en la memoria colectiva.
Porque cuando un problema se repite una y otra vez, deja de ser un accidente para convertirse en el resultado de fallas institucionales que deben corregirse con urgencia.
La República Dominicana necesita una política ambiental que prevenga, no una que simplemente reaccione. Cada vida perdida por riesgos que pudieron evitarse representa un fracaso del Estado que no puede normalizarse.
