Por Isis Álvarez
La Dirección de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), creada por decreto 491-12, bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de combatir la pobreza mediante ejes transversales de educación, servicios sociales y restitución de derechos fundamentales.
Su principal trabajo se enfocaba en reducir a 5% o menos la tasa de analfabetismo en el país situada en esa fecha en 9.6%, lo que nos impedía ser una nación libre de esa debilidad social.
Con el tiempo y los programas que daban sombrilla a esa institución se desarrollaron otras acciones estratégicas que lograban impactar positivamente en los territorios por medio de servicios del Estado, como acceso a seguro médico subsidiado, intervenciones en la niñez, cursos técnicos, consultas médicas ambulatorias, entre otros servicios coordinados con diversas instituciones, lo que se le denominó jornada de inclusión social.
Ya en 2020, las siglas de esta instutución fueron cambiadas mediante decreto 389-20, para denominarse Dirección General de Proyectos Estrátegicos y Especiales de la Presidencia, (PROPEEP), bajo los mismos principios estrátegicos y marco jurídico, aunque tomándose en cuenta que se ampliaba la visión de coordinadora de planes y estategias vinculantes a otras instituciones y acuerdos interinstitucionales, lo que pernitió que 15 entidades de servicios se pudieran integrar en las acciones territoriales, sumándose cada vez más servicios.
Ante esta realidad de ser Propeep, un organismo del Estado que planifica proyectos y ejecuta programas de esta y otras instituciones para combatir la pobreza en el país y su reducción en los territorios, cabe preguntarnos:
¿Cuál es el porcentaje que esta institución ha aportado para la reducción de la pobreza los últimos 10 años?
¿Qué territorios, es decir provincias, municipios y distritos municipales son menos pobres desde entonces gracias a esta institución?
¿Qué factores, variables y qué características de pobreza tienen los territorios que se han impactado antes de esta instutición y después de ella?
¿Qué problemáticas se han encontrado e en cada territorio impactado?
¿De qué manera la institución ha trabajado según la base de datos de esos levantamientos para articular acciones con el sector público y privado para llevar soluciones específicas a esos territorios?
Esta y otras más inquietudes nos surgen alrededor de una dirección general que ya tiene 12 años de creada y que sigue siendo necesaria en los objetivos de reducción de pobreza y restitución de derechos siempre y cuando quienes la dirijan, ahora o después, tengan esclarecido que su fin es altamente social para elevar por mucho la calidad de vida de cada dominicano y dominicana, así como mejorar sus comunidades.
