Han pasado más de 18 meses desde que el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez colapsó bajo una lluvia intensa, llevándose la vida de 9 personas. Una tragedia tan violenta como evitable. En ese momento, todos prometieron respuestas: se creó una comisión, se anunciaron evaluaciones estructurales, se juró no repetir el error.
Hoy, lo que hay es silencio. O peor aún: negligencia con nombre y apellido.
La llamada Comisión para la Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático fue creada tras el desastre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué informes ha rendido? ¿A quién ha responsabilizado? Hasta ahora, su trabajo —si ha existido— no ha sido comunicado con transparencia. Mientras tanto, los túneles y pasos a desnivel del Gran Santo Domingo presentan grietas, filtraciones, socavones. Y miedo.
Hace solo horas se hizo viral un reportaje que muestra el abandono de estas estructuras. Algunas, como el paso de la Kennedy con Lincoln o el túnel de la Ortega y Gasset, presentan riesgos visibles. ¿Y la respuesta del Ministerio de Obras Públicas? Pintura, limpieza, cortes de grama. Pero no intervención estructural.
El presidente Abinader asumió en su momento una “cuota de responsabilidad” por las muertes. Pero, ¿qué ha hecho el Estado para resarcir a las familias de los nueve fallecidos? ¿Qué precedente se está sentando para el resto de los ciudadanos que, literalmente, viven bajo tierra sin saber si el concreto aguantará otra tormenta?
No es una pregunta retórica:
¿Cuántas vidas más faltan para que esto importe?
En un país donde la improvisación es política pública y la memoria es corta, nos toca como ciudadanos exigir más. No podemos esperar que otro puente colapse, que otro túnel se hunda, que otra madre no llegue a casa.
No hay excusa. Hay presupuesto. Hay ingenieros. Hay informes. Lo que falta es voluntad.
@abrilpenaabteu
