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El escandalo de Omsa, más allá del asesinato de Junior Ramírez ha dejado al Estado desnudo ante la opinion pública.
El uso de la resolución que permitía las compras directas es algo normal para todos aquellos que hacen vida en el tren gubernamental. Cumplir con los rigurosos procesos de las licitaciones no siempre es posible en las instituciones de servicio puesto que sería en detrimento de la eficacia de la misma.
Lo malo no es la resolución en sí misma, sino el abuso de ella. ¿La solucion es eliminarla? No. En instituciones como OMSA sería imposible, pero definitivamente hubo un fallo en el control y supervisión…
Sería bueno saber; ¿Cómo y por qué?