Por Milton Olivo
-El problema civilizatorio que plantea la retórica imperial de Donald Trump puede resumirse en una pregunta: ¿la fuerza de una nación le concede derechos sobre las demás? La gran conquista del derecho internacional contemporáneo consiste en responder que no. Una potencia puede tener mayor capacidad económica y militar, pero eso no convierte en legítima su voluntad de disponer de territorios, recursos o decisiones ajenas.
Desde esta perspectiva, determinados planteamientos de Trump representan una amenaza de retroceso: trasladan el fundamento del orden mundial desde las normas compartidas hacia la capacidad de imponer condiciones. Esta es una interpretación política de sus declaraciones y actuaciones, no un diagnóstico sobre su personalidad.
La comparación con Roma resulta útil si se emplea con precisión. Roma también produjo instituciones y una tradición jurídica extraordinaria; reducirla a brutalidad sería históricamente injusto. Sin embargo, su organización imperial distinguía entre el centro dominante y los pueblos sometidos o subordinados. La paz imperial descansaba en una jerarquía respaldada por la fuerza, no en la igualdad soberana de los Estados.
Lo que puede calificarse de «romano» en la retórica de Trump es esa pretensión de que la superioridad material autoriza una posición política superior. En su discurso inaugural de enero de 2025, al referirse al canal de Panamá, anunció que Estados Unidos lo recuperaría. Ese lenguaje presenta una infraestructura bajo soberanía extranjera como algo cuya disposición puede decidir Washington. Una declaración no equivale a una anexión consumada, pero sí revela una concepción del poder que merece examinarse.
El contraste con el orden jurídico contemporáneo es profundo. La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias y la prohibición de amenazar o emplear la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. El avance consiste en someter el ejercicio del poder a obligaciones que también alcanzan a los países más fuertes.
El retroceso civilizatorio comienza cuando la norma se convierte en una concesión del poderoso. Bajo esa lógica, la soberanía del país pequeño deja de ser un derecho y pasa a depender de su utilidad estratégica. Los acuerdos pierden estabilidad si cada nueva diferencia de poder permite reabrirlos mediante amenazas. La negociación puede entonces convertirse en una forma de subordinación.
Esto no significa que todo nacionalismo, arancel o cuestionamiento a la ONU sea imperialista. Defender industrias, controlar fronteras y exigir reformas institucionales puede ser legítimo. El límite aparece cuando un Estado reclama para sí una autonomía que niega a otros. Trump defendió expresamente la soberanía nacional y rechazó el globalismo en su intervención ante la ONU de septiembre de 2025. La prueba de coherencia consiste en reconocer esa misma soberanía a los países cuyas decisiones incomodan a Estados Unidos.
También conviene reconocer un matiz: la estrategia de seguridad estadounidense de diciembre de 2025 rechaza formalmente la dominación global propia. Por tanto, la tesis imperial debe sostenerse examinando contradicciones entre principios declarados, amenazas y medidas concretas; no atribuyendo a cada actuación un proyecto de conquista previamente demostrado.
La globalización requiere una distinción semejante. La integración económica no es, por sí sola, progreso civilizatorio. Puede ampliar oportunidades y también distribuir injustamente sus beneficios y costos. Su aporte más defendible es la posibilidad de organizar la interdependencia mediante reglas previsibles y compromisos recíprocos. El acuerdo fundacional de la Organización Mundial del Comercio vincula el intercambio con objetivos de empleo, mejores niveles de vida y desarrollo sostenible. Esos fines ofrecen criterios para juzgar sus resultados, no una garantía de que siempre se hayan cumplido.
El peligro de sustituir esa cooperación por relaciones de imposición es multiplicador. Si una potencia normaliza que sus necesidades estratégicas prevalezcan sobre los derechos ajenos, otras pueden invocar el mismo argumento. Se debilita entonces la posibilidad de condenar coherentemente las agresiones: cada gobierno presenta su propia excepción como indispensable.
Hay, además, una pérdida moral. Cuando territorios y poblaciones se describen principalmente como activos estratégicos, sus habitantes corren el riesgo de desaparecer del razonamiento político. Su consentimiento, su identidad y su derecho a decidir quedan subordinados al cálculo de una potencia. El progreso técnico puede continuar mientras retrocede el reconocimiento del otro como sujeto de derechos.
Sería, sin embargo, equivocado idealizar el mundo anterior a Trump. El orden internacional ha convivido con intervenciones, colonialismo persistente, guerras y aplicaciones selectivas de sus principios. Estados Unidos tampoco inauguró ahora el ejercicio imperial del poder. La diferencia relevante es entre incumplir una norma y pretender que la superioridad permite prescindir de ella. La hipocresía del sistema exige corregirlo; no justifica abandonar sus límites.
Para República Dominicana y los demás países pequeños, esta discusión tiene consecuencias concretas. La previsibilidad jurídica protege inversiones, comercio, territorio e independencia política. Debilitarla aumenta la exposición a decisiones externas sobre las cuales tienen escaso control. Fortalecer la producción nacional, diversificar relaciones y cooperar regionalmente resulta compatible con defender un orden internacional sujeto a normas.
La cuestión civilizatoria decisiva es, por tanto, si la humanidad puede conservar instituciones capaces de limitar al poderoso. Una potencia demuestra grandeza cuando acepta obligaciones incluso cuando podría intentar imponer su voluntad. Cuando convierte su fuerza en argumento suficiente, devuelve al mundo a una jerarquía imperial: seguridad para quienes dominan e incertidumbre para quienes dependen de su moderación.
Para República Dominicana, defender un orden internacional basado en normas significa proteger nuestra capacidad de producir, comerciar y decidir con independencia. Nuestra tarea es fortalecer la economía, educar a nuestra gente y construir relaciones de cooperación y respeto con todas las naciones.
El autor es escritor y ensayista, aspirante a la candidatura a senador por la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno-PRM-.
