Por Abril Peña
La acción afirmativa surgió como un intento de saldar una deuda histórica. No como un privilegio, sino como una corrección. En los años 60, tras décadas de discriminación legal y sistémica, Estados Unidos asumió que garantizar igualdad de derechos no era suficiente si no se nivelaban las condiciones de partida. Así nacieron las políticas de acción afirmativa, que buscaron abrir espacio a minorías históricamente excluidas del acceso real a la educación superior y al empleo.
Pero más de medio siglo después, la balanza vuelve a inclinarse. El expresidente Donald Trump ordenó la eliminación de estas políticas tanto en universidades como en instituciones federales, alegando que hoy son una forma de discriminación inversa. El nuevo mantra es “igualdad sin preferencias”, bajo una lógica estrictamente meritocrática. Lo que no se dice es que la supuesta meritocracia suele ignorar las condiciones materiales y sociales que determinan quién puede competir y en qué condiciones.
¿Por qué se creó la acción afirmativa?
Durante décadas, afroamericanos, latinos, mujeres y otras minorías fueron excluidos sistemáticamente de universidades, empleos de calidad y cargos públicos. La acción afirmativa no fue una dádiva, sino una política de justicia correctiva: abrir cupos, ampliar criterios de admisión y contratar de forma más representativa. Su objetivo era corregir el desequilibrio histórico y garantizar que el talento no se perdiera por prejuicio, pobreza o exclusión.
John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson fueron los primeros presidentes en institucionalizarla mediante órdenes ejecutivas. Luego, universidades y empresas la adoptaron como parte de sus políticas de equidad. No se trataba de regalar puestos, sino de ampliar las oportunidades.
La visión de Trump: entre legalismo y populismo
Trump, fiel a su narrativa de “Estados Unidos para los americanos”, promovió la eliminación de la acción afirmativa como parte de su cruzada contra lo que llama “ideologías radicales de izquierda”. Para su administración, las políticas de diversidad y equidad eran formas disfrazadas de discriminación, y debían ser sustituidas por evaluaciones “ciegas” al mérito individual.
Con ese argumento, en enero de 2025 firmó una orden ejecutiva que suprime las obligaciones federales en materia de diversidad. Universidades y agencias públicas ya no están obligadas a implementar programas de inclusión, y los contratos con el gobierno dejaron de exigir criterios de representación.
La respuesta de las universidades
Universidades como Harvard, Yale, Stanford o el MIT han respondido con firmeza. Para muchas de estas instituciones, los programas de diversidad son parte esencial de su misión educativa. Argumentan que un entorno universitario sin pluralidad de orígenes, realidades y visiones empobrece la experiencia formativa.
En el caso de Harvard, su negativa a eliminar los programas de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) ha derivado en la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales. Pero la universidad ha reiterado que no cederá. Otras, más temerosas, han optado por desmontar discretamente sus departamentos de equidad.
¿Qué pasará sin acción afirmativa?
Distintos estudios anticipan que, sin acción afirmativa, la representación de afroamericanos, latinos e incluso asiáticos en universidades selectivas disminuirá. No porque no tengan talento, sino porque las condiciones de acceso vuelven a depender exclusivamente de exámenes estandarizados, historial académico y capacidad económica, todos factores profundamente atravesados por la desigualdad estructural.
En el ámbito laboral, algo similar podría ocurrir. Muchas empresas, presionadas por agendas políticas o temor a sanciones, ya están revisando o eliminando sus programas internos de diversidad. Esto no solo afectará el acceso al empleo, sino también los espacios de crecimiento profesional para millones.
¿Discriminación inversa o justicia postergada?
El argumento de la “discriminación inversa” ha ganado terreno, especialmente en sectores blancos de clase media que sienten que han sido desplazados por políticas de inclusión. Pero ¿puede haber discriminación cuando los privilegiados de siempre siguen controlando los centros de poder? ¿Puede hablarse de justicia si se ignoran las barreras históricas que impiden competir en igualdad de condiciones?
Eliminar la acción afirmativa bajo el pretexto de restaurar el mérito no corrige una injusticia; la disfraza. La igualdad de oportunidades no es una línea de partida, es un trayecto. Y cuando algunos corren con obstáculos desde antes de nacer, el simple “que gane el mejor” es una farsa.
