Por Abril Peña
A partir hoy lunes 22 de abril de 2025, entra en vigor en República Dominicana un nuevo protocolo hospitalario que marca un punto de inflexión en la atención médica a extranjeros. La medida, anunciada por el presidente Luis Abinader hace apenas dos semanas, establece que los extranjeros que acudan a hospitales públicos deberán presentar documentación válida que demuestre su estatus legal, como identificación oficial, carta de trabajo o comprobante de domicilio. Además, deberán cubrir el costo de los servicios médicos recibidos, excepto en casos de emergencia, donde serán estabilizados primero —en cumplimiento de los estándares humanitarios—, y posteriormente reportados a Migración para su repatriación si se encuentran en condición irregular.
Este protocolo, que incluye la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios y un nuevo sistema de facturación, no es un acto de discriminación: es una respuesta institucional a una presión real y creciente sobre el sistema de salud dominicano. En 2024, el 36% de los partos en hospitales públicos fueron de madres haitianas. El dato no es menor, y la reacción ciudadana no se trata de xenofobia, sino de una preocupación legítima por la sostenibilidad de los recursos nacionales.
Un país hospitalario, pero bajo presión
La República Dominicana ha sido históricamente generosa. En nuestros campos, en la construcción, en el comercio informal y en las escuelas, la presencia haitiana es parte de la cotidianidad. En 2023, más de 147 mil estudiantes haitianos asistieron a escuelas públicas junto a nuestros niños. La convivencia ha sido posible, pero no está exenta de tensiones cuando el colapso del sistema haitiano traslada su peso a nuestro territorio.
Solo en 2024, el Estado dominicano destinó más de RD$22,000 millones en atenciones médicas a parturientas extranjeras, principalmente haitianas. En provincias fronterizas como Dajabón, más del 50% de los partos fueron de madres haitianas. No se trata de cerrar la puerta al necesitado, sino de preguntarnos cuánta carga podemos asumir antes de colapsar también nosotros.
Temor demográfico: ¿paranoia o posibilidad real?
La inquietud va más allá del costo económico. Va al núcleo mismo de la soberanía: la composición demográfica. En solo cinco años, los partos haitianos en hospitales públicos pasaron del 12.5% (2018) al 35.7% (2023). Si la tendencia continúa, algunos proyectan que para 2040 podrían representar el 60%. Y si se mantiene un flujo migratorio neto de 200,000 personas por año, República Dominicana podría tener un 35% de población de origen haitiano para 2050.
¿Exagerado? Tal vez. Pero no sin precedentes. En Fiyi, la inmigración india promovida por los británicos terminó creando una minoría influyente que modificó el panorama político y cultural del país. En una isla dividida por una frontera invisible, con una historia compleja, el temor dominicano tiene un punto.
El marco legal: orden, no exclusión
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha sido malinterpretada por años. No despojó de nacionalidad a nadie. Estableció que los hijos de personas en situación migratoria irregular no adquieren automáticamente derechos de ciudadanía. Y esto, lejos de ser una aberración jurídica, responde a un principio básico del derecho: de lo ilegal no nace lo legal.
A partir de esa sentencia, la Ley 169-14 ofreció una solución ordenada: regularizar a quienes tenían documentos previos y abrir un camino a la residencia para los demás. Un acto de justicia administrativa, no de exclusión masiva.
Migración ordenada: el desafío del presente
La República Dominicana ha optado por el equilibrio: garantizar derechos básicos como la salud de emergencia, pero dentro de un marco regulatorio. Por eso se construye un muro fronterizo. Por eso se han deportado más de 400 mil personas en los últimos dos años. Por eso se regula la entrada de embarazadas. Porque la apertura sin control no es solidaridad, es negligencia.
El nuevo protocolo hospitalario, cuya implementación inicia este abril, exige documentación, pago de servicios y consecuencias claras para quienes no cumplan. Lejos de criminalizar la migración, busca lo que todo país soberano debe defender: su capacidad de atender a los suyos sin desbordarse.
Solidaridad sí, pero con soberanía
Nuestra ayuda no es poca: RD$22,000 millones en salud solo en 2024, educación gratuita para miles de niños, oportunidades laborales y tolerancia social. Pero esta generosidad no puede ser infinita. Con Haití bajo el control de pandillas en más del 80% de su capital, la migración no se detendrá. La pregunta es: ¿cómo ayudamos sin hundirnos con ellos?
No se trata de cerrar las puertas, sino de abrir los ojos. La convivencia es posible, pero necesita reglas claras, control fronterizo y cooperación internacional. De lo contrario, la crisis de Haití se convertirá, inevitablemente, en la crisis de todos.
