Juan Manuel Morel Pérez
Abogado, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano,
[email protected]
Twitter @juanmanuelsoyyo
En un reciente encuentro con la prensa nacional en LA semanal, el presidente de la República propuso la posibilidad de cobrarles los servicios médicos proporcionados por los hospitales públicos a los extranjeros con estatus migratorio irregular . En pocas palabras, se plantea cobrar por el derecho a la salud, a los indocumentados
La salud es un derecho humano universal y el Estado tiene la obligación de hacerlo accesible para todos, sin importar su estatus migratorio, económico o social. Este derecho, intrínseco e inalienable, implica que los servicios hospitalarios deben estar disponibles para todos, sin discriminación alguna.
República Dominicana ha mostrado su compromiso con diversos instrumentos internacionales que protegen el derecho a la salud, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos documentos subrayan la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios de salud sin discriminación.
La No Discriminación en la Atención Médica es un principio clave en la provisión de servicios de salud. No se debe excluir a ninguna persona del acceso a los servicios hospitalarios por razones de género, edad, etnia, religión, orientación sexual o estatus migratorio. Tanto ciudadanos como migrantes, independientemente de su situación legal, deben recibir la atención médica que necesitan.
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todos los habitantes del país tengan acceso a servicios de salud de calidad. Esto incluye la provisión de infraestructuras adecuadas, la capacitación de personal médico y la implementación de políticas que aseguren la accesibilidad y asequibilidad de los servicios hospitalarios.
La negación de servicios de salud a migrantes puede exacerbar tensiones sociales, a largo plazo, la falta de atención médica adecuada podría aumentar la propagación de enfermedades y generar mayores costos de salud y provocaría dentro de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que República Dominicana podría enfrentarse a sanciones y medidas correctivas que busquen garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la no discriminación en el acceso a servicios de salud. Estas sanciones podrían incluir restricciones en la cooperación y asistencia internacional.
Garantizar el acceso universal a los servicios hospitalarios es esencial para construir sociedades justas y equitativas. La salud es un derecho humano que debe ser protegido y promovido por todos los Estados. Solo a través de un compromiso real y sostenido con la universalidad y la no discriminación podemos asegurar que todas las personas, sin excepción, reciban la atención médica que merecen.
