El Pregonero, Santo Domingo.– La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha mantenido un perfil público de menor conflictividad desde que el presidente Luis Abinader designó a Edgar de Jesús Batista Carrasco como director general de la institución, en sustitución de Bartolomé Pujals.
El cambio se produjo mediante el Decreto 48-25, del 2 de febrero de 2025. La salida de Pujals se produjo después de una gestión marcada por denuncias y cuestionamientos públicos relacionados con procesos de contratación, alquileres de inmuebles y otros aspectos administrativos. Algunos de esos señalamientos fueron rechazados o explicados por la propia OGTIC y no equivalen, por sí mismos, a determinaciones judiciales de irregularidad.
Uno de los episodios que generó mayor controversia fue el alquiler por diez años de varios pisos del edificio Vista 311, sede de la OGTIC, por un monto superior a RD$1,400 millones. Pujals aclaró posteriormente que ese contrato había sido adjudicado y firmado antes de asumir la dirección de la institución, aunque correspondió a su administración defender públicamente su continuidad.
A esa controversia se sumaron cuestionamientos sobre los alquileres destinados a los Puntos GOB de San Cristóbal y Punta Cana. En octubre de 2024, El Pregonero reportó montos superiores a RD$287 millones para San Cristóbal y RD$296 millones para Punta Cana.
En el caso de Punta Cana, documentos oficiales confirman que se utilizó un procedimiento de excepción por proveedor único para la contratación y puesta en funcionamiento del Punto GOB. Sin embargo, el procedimiento fue cancelado el 27 de diciembre de 2024 después de que el oferente renunciara. La adjudicación, superior a RD$295 millones, había sido objeto de denuncias periodísticas que cuestionaron las características del inmueble y los vínculos empresariales relacionados con el proyecto.
Otro episodio que provocó críticas ocurrió en 2023, cuando la OGTIC contrató por RD$6,492,000.01, durante seis meses, servicios para la creación e inserción de contenido y manejo de crisis en redes sociales. La documentación reseñada por medios establecía que el proveedor disponía de una red de 20 personas con cuentas activas en Twitter —actual X— y contemplaba objetivos de alcance, impresiones e interacciones.
La contratación fue presentada por algunos críticos como un pago a “tuiteros” o “memeros” para defender la gestión de Pujals. Sin embargo, la descripción contractual disponible habla de creación e inserción de contenido para proyectos de impulso digital y manejo de crisis en redes sociales; por ello, no está establecido documentalmente que el objeto formal del contrato fuera defender personalmente al entonces director.
La administración de Pujals también enfrentó cuestionamientos por un procedimiento superior a RD$300 millones para una plataforma de red de datos de salud.
Las críticas se concentraron en el uso de un procedimiento de excepción y la consideración de un proveedor como único. Pujals respondió públicamente en diciembre de 2023 con un informe aclaratorio sobre el proceso.
Los cuestionamientos sobre los alquileres llegaron al Ministerio Público. En noviembre de 2024, la Fundación Primero Justicia depositó una querella contra Pujals, su antecesor Pedro Quezada, por alegadas irregularidades en contratos de arrendamiento. Las imputaciones fueron formuladas por los querellantes y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.
En medio de la polémica por la sede principal, Pujals compareció acompañado del contralor general Félix Santana y representantes de AFI Reservas para defender el acuerdo. Sostuvo que el contrato había sido firmado antes de su llegada y que su administración actuaba bajo el principio de continuidad administrativa.
Tras la designación de Edgar Batista, la OGTIC ha mostrado una exposición mediática diferente. En comparación con los episodios de amplia repercusión pública registrados durante la administración anterior, no se observa en las fuentes consultadas una sucesión equivalente de controversias sobre grandes contrataciones y alquileres durante su gestión.
El contraste refleja un cambio en el clima público alrededor de la institución, aunque una menor cantidad de controversias mediáticas no constituye por sí sola una evaluación integral de una administración ni demuestra la inexistencia de irregularidades.
Batista asumió con el reto de continuar los proyectos de transformación digital del Estado y fortalecer la institucionalidad de la OGTIC, luego de un período en el que las contrataciones y decisiones administrativas de la entidad estuvieron recurrentemente bajo el escrutinio de medios, organizaciones y actores políticos.
