El Pregonero, San Francisco de Macorís.– El dirigente político Deligne Ascención Burgos llamó a respaldar los ajustes y recortes impulsados por el presidente Luis Abinader, al considerar que están orientados a mantener la estabilidad macroeconómica del país sin perjudicar a los sectores más vulnerables.
Ascención Burgos explicó que las medidas responden a un contexto internacional marcado por presiones inflacionarias y riesgos de recesión derivados de conflictos como la guerra en Irán, lo que obliga a los gobiernos a actuar con responsabilidad y previsión.
“El propósito es preservar la estabilidad económica sin trasladar la carga directamente a la población, especialmente a quienes menos tienen”, expresó.
El también exministro de Obras Públicas sostuvo que se trata de una “intención país” que debe ser respaldada por todos los sectores, destacando el plan de reducción de gastos por 40 mil millones de pesos, el cual se suma a los RD$12,356.3 millones destinados a subsidios de los combustibles en lo que va de año.
Durante una visita a San Francisco de Macorís, donde supervisó obras gubernamentales y sostuvo encuentros con autoridades locales, Ascención Burgos afirmó que un gobierno responsable prioriza la revisión de sus propios costos antes de afectar a la ciudadanía.
“Reducir lo accesorio para preservar lo fundamental es una muestra de madurez institucional y compromiso con el interés nacional”, puntualizó.
En ese sentido, subrayó que la austeridad no implica paralizar el Estado, sino fortalecer su capacidad de respuesta para garantizar servicios esenciales, inversión social y continuidad en los programas de infraestructura.
Asimismo, consideró pertinente que todos los sectores aporten en tiempos de ajustes, incluyendo los partidos políticos, al referirse a la propuesta de reducir en un 50 % los fondos que reciben por ley.
“Si los partidos se definen como representantes de la sociedad, resulta lógico que también contribuyan en este momento”, indicó.
Ascención Burgos concluyó que las medidas adoptadas por el Gobierno deben interpretarse como una decisión estratégica para proteger la estabilidad económica, asegurar los programas prioritarios y garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera más eficiente en beneficio de la población.
