@abrilpenaabreu
En República Dominicana hay sectores que hace tiempo dejaron de actuar como simples gremios de trabajadores y comenzaron a operar como estructuras de poder económico con capacidad de presión política y social. El transporte es uno de ellos.
Lo ocurrido con el aumento de los pasajes hacia Santiago y Bonao, aplicado por empresas afiliadas a Conatra y luego revertido tras el rechazo público, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde creen algunos grupos que pueden tensar la paciencia de la sociedad antes de provocar una ruptura mayor?
Porque aquí ya no se está hablando de un chofer independiente tratando de sobrevivir. Estamos hablando de organizaciones empresariales que manejan rutas, terminales, flotillas, influencia política y capacidad de paralizar parte del país cuando quieren presionar. Y precisamente por eso, también deben asumir responsabilidades acordes al poder que tienen.
El problema no fue solamente el aumento, fue la sensación de arbitrariedad. La impresión de que ciertos sectores creen que pueden decidir unilateralmente cuánto más debe pagar la población por movilizarse, en un país donde la mayoría de la gente ya vive asfixiada entre alimentos caros, alquileres altos, medicamentos costosos y salarios que no crecen al mismo ritmo.
Ahí es donde empieza el verdadero desgaste del contrato social.
Porque la ciudadanía tolera mucho. Tal vez demasiado. Tolera tapones interminables, vehículos en malas condiciones, choferes agresivos, rutas caóticas y un sistema de transporte que durante décadas ha funcionado más por fuerza política que por eficiencia moderna. Pero toda paciencia tiene un límite.
Y hay algo que algunos dirigentes del transporte parecen no haber entendido todavía: la sociedad dominicana de hoy no es exactamente la misma de hace veinte años, la gente está más cansada, más endeudada y más irritada, las redes sociales amplifican el descontento y convierten decisiones aparentemente pequeñas en detonantes emocionales colectivos.
Por eso el retroceso rápido del aumento deja preguntas inevitables ¿Fue realmente una medida improvisada? ¿O fue una prueba para medir hasta dónde llegaba la tolerancia social y política?
Porque cuando un sector anuncia un aumento y horas después lo retira tras la presión pública, queda la percepción de que se intentó empujar el límite para ver si nadie reaccionaba. Y eso es peligroso.
Los grupos económicos y corporativos que dependen directamente del bolsillo de la población deberían recordar algo elemental: la legitimidad social también se agota, la arrogancia termina erosionando incluso los privilegios más consolidados.
Lo mucho hasta Dios lo ve. La historia está llena de sectores que confundieron influencia con impunidad, poder con intocabilidad y paciencia social con resignación eterna, hasta que un día descubrieron demasiado tarde que la piedra parecía aguantarlo todo… hasta que finalmente se rompió.
El transporte dominicano necesita modernización, reglas claras, transparencia y equilibrio, lo que no necesita es seguir alimentando la percepción de que algunos actores creen que el país entero existe para financiar sus intereses sin límite ni cuestionamiento.
Porque cuando la ciudadanía empieza a sentir que trabaja únicamente para sobrevivir mientras otros abusan de posiciones privilegiadas, el problema deja de ser económico y comienza a convertirse en algo mucho más profundo: una fractura moral entre la sociedad y quienes deberían servirle.
