@abrilpenaabreu
Un periodista fue detenido por la Policía Nacional. Para su familia y el resto del país, estaba desaparecido. Y cuando finalmente apareció, no fue gracias a una alerta, ni a una investigación coordinada, sino por azar. Lo más grave: la propia Policía no sabía que lo tenía detenido.
En otro caso, un hombre fue sorprendido mientras intentaba deshacerse del cadáver de su pareja. Aun siendo un hecho espantoso, lo más macabro vino después: se descubrió que había matado al menos a tres mujeres más. Todo lo que tuvo que hacer fue cambiar de localidad. Nadie notó el patrón. Nadie cruzó los datos. Nadie se preguntó por qué varias mujeres asesinadas habían compartido pareja. Otra vez, el sistema falló.
Un tercer caso: un hombre buscado por violar a dos menores —sus propias hijas, según reportes preliminares— fue capturado en otra provincia, pero no por ese crimen, sino por otro: asesinato. Una vez más, la Policía tenía en sus manos a un prófugo… sin saberlo.
¿Qué tienen en común estos casos? No es el morbo. No es la violencia de género, aunque también. El común denominador es la falla estructural y tecnológica del sistema que se supone debe protegernos. La Policía Nacional sigue operando, en muchos aspectos, como si estuviéramos en la era de Pedro Picapiedra. En tiempos donde la inteligencia artificial puede identificar un rostro entre millones en segundos, nuestras instituciones siguen tomando notas a mano, en papeles que se pierden o nunca se comparten.
Cuando alguien desaparece, los familiares tienen que hacer lo que debería hacer el Estado: caminar destacamento por destacamento, clínica por clínica, hospital por hospital. En el caso Jet Set, todavía hay fallecidos que no aparecen en la lista oficial. ¿Cómo es posible?
¿Dónde están las bases de datos interconectadas? ¿Cómo se explica que un banco privado tenga biometría y geolocalización de cada ciudadano, pero la policía no pueda verificar en segundos si una persona está detenida o es buscada por la justicia?
Es hora de una transformación real. Cada destacamento, cada fiscalía, debería tener computadoras funcionales, acceso a internet, vehículos, personal capacitado y sistemas interconectados. La Policía Nacional, el Ministerio Público, los hospitales, las clínicas, los tribunales y los registros civiles deben hablar entre sí. Un país que no tiene control de su información no puede garantizar seguridad.
Pero en vez de exigir eso, el morbo nos gana. Preferimos especular sobre los motivos de una detención o el perfil de un asesino serial, que detenernos a preguntar: ¿cómo se permitió que esto pasara?
La respuesta es dolorosa: porque nadie está realmente mirando. Y si no exigimos una reforma urgente del sistema de seguridad y justicia, seremos nosotros los próximos en pagar las consecuencias.
