@abrilpenaabreu
El presidente Abinader ordenó anoche la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, amparándose en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que establece que un proyecto de alto impacto no puede continuar si enfrenta una oposición masiva de la población. La decisión llegó horas después de que una marcha-caravana culminara en las inmediaciones de la presa de Sabaneta con gases lacrimógenos y chorros de agua, y días después de semanas de movilización sostenida de organizaciones ambientales, productores agrícolas, la Iglesia católica y ciudadanos de todo el país.
En principio, la decisión podría parecer prudente, y en cierta medida lo es. San Juan aporta aproximadamente el 60% de las habichuelas y el 15% del arroz que consume República Dominicana , y el agua de la presa de Sabaneta es la columna vertebral de esa producción, poner ese recurso en riesgo no es una opción que ningún gobierno responsable pueda tomar a la ligera, y la desconfianza de la población no surge de la nada sino de un historial de proyectos que prometieron desarrollo y dejaron consecuencias que las comunidades todavía cargan.
Pero aquí no estamos ante una decisión basada en evidencia concluyente. Estamos ante una decisión tomada en medio de la incertidumbre. Y eso cambia todo.
El proyecto Romero se encontraba estrictamente en fase de evaluación ambiental, sin que existiera autorización alguna para su explotación. Esa fase existe precisamente para responder la pregunta que todo el mundo quería responder, ¿es viable sin comprometer los recursos naturales?, y suspenderlo antes de concluirla deja al país en una posición incómoda que no favorece a nadie, ni a los que querían el proyecto ni a los que lo rechazaban, porque no sabemos si era inviable ni si era viable, y sin esa respuesta técnica lo que queda es percepción, y las percepciones, como esta semana demostró con claridad, tienen más poder que cualquier estudio de impacto ambiental cuando el Estado no ha construido la credibilidad suficiente para que la gente confíe en sus conclusiones.
Y ahí está el verdadero problema, que no es la suspensión sino el por qué de la suspensión.
La ciudadanía no estaba evaluando únicamente el Proyecto Romero, estaba evaluando la historia reciente del Estado dominicano frente a la minería, los precedentes de Pueblo Viejo en Cotuí, las tensiones en Manzanillo, las promesas que se discuten años después, los controles que generan dudas, la institucionalidad que llega tarde o no llega, y ese historial pesa más que cualquier comunicado de prensa porque está escrito en la memoria colectiva de comunidades que aprendieron de la peor manera que entre lo que se dice en una rueda de prensa y lo que ocurre después hay una distancia que nadie midió con honestidad antes de que fuera demasiado tarde.
Eso no es miedo irracional. Es desconfianza acumulada con razones documentadas.
Pero un Estado no puede gobernar únicamente reaccionando al clamor, y cuando una decisión de esta magnitud se toma sin cerrar el proceso técnico que debía sustentarla, se envía un mensaje que tiene consecuencias más allá de este proyecto, que la evidencia puede quedar subordinada a la presión, que el ruido puede pesar más que los datos, y que la institucionalidad no logra sostener decisiones complejas sin el respaldo de la calle. Hoy ese mensaje puede parecer una victoria para quienes defendían el agua y el medioambiente, y en cierta medida lo es, pero mañana el mismo precedente puede usarse para frenar un proyecto que sí era viable, y el país, sin criterios técnicos claros y sin una institucionalidad en la que confiar, no tendrá herramientas para distinguir entre uno y otro.
La Comisión Ambiental de la UASD lo dijo con precisión quirúrgica: la suspensión confirma la importancia de la licencia social, pero lo que República Dominicana necesita con urgencia es una nueva ley minera, moderna, democrática y preventiva, que coloque por encima de cualquier interés extractivo la protección del agua, la seguridad alimentaria y los derechos de las comunidades. Eso es lo que esta crisis debería producir, no solo la suspensión de un proyecto sino la conversación que el país lleva décadas evitando sobre qué tipo de modelo de gestión de recursos naturales queremos tener, con qué garantías, con qué mecanismos de consecuencias reales cuando algo sale mal, y con qué nivel de participación ciudadana que sea genuina y no solo consultiva de papel.
Porque el problema de fondo no es GoldQuest ni el oro ni el agua en abstracto. El problema es que República Dominicana no tiene un marco institucional que genere confianza suficiente para que decisiones de esta complejidad puedan tomarse con evidencia técnica en lugar de con presión social, y mientras ese marco no exista, seguiremos llegando a cada proyecto importante en las mismas condiciones, sin certezas, sin confianza y con el ruido decidiendo lo que debería decidir la ciencia.
No es que el país eligió el miedo. Es que nunca le dieron razones suficientes para elegir con certeza. Y esa es una responsabilidad que no le pertenece solo al gobierno de turno, le pertenece a décadas de institucionalidad débil que ninguna administración ha tenido la valentía de reformar de raíz.
Hasta que eso cambie, cada decisión importante seguirá dependiendo menos de la evidencia y más del ruido.
