Cuando una institución nace para defender a la gente, pero termina defendiendo más su presupuesto que a los ciudadanos, algo —definitivamente— huele mal.
El Defensor del Pueblo, creado para proteger derechos fundamentales y vigilar a la administración pública, se ha convertido en uno de los organismos con mayor crecimiento presupuestario del Estado. Pero ese aumento no se refleja en más servicios, más presencia en el territorio ni más respuestas para los dominicanos. Se refleja, eso sí, en gastos millonarios.
Desde que Pablo Ulloa asumió el cargo en junio de 2021, su administración ha ejecutado más de RD$1,538 millones, una cifra que impresiona… pero no convence.
¿La razón?
Gran parte de ese dinero se va en publicidad, nómina, seguridad, servicios contratados y combustibles. Mientras tanto, miles de ciudadanos ni siquiera saben dónde está la oficina, cómo acceder a sus servicios o si realmente este organismo puede resolverles algo.
Aquí van los números que queman:
Ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo: 2021: RD$151,313,187.24. 2022:RD$270,946,784.72. 2023: RD$341,186,681.57. 2024: RD$404,982,951.87. 2025 (proyectado):RD$370,000,000.00: Total 2021–2025: RD$1,538,129,605.40
Un crecimiento acumulado de 145% en cinco años. ¿Y el crecimiento en eficiencia? ¿En alcance? ¿En servicios?
Ahí es donde está el silencio… y el olor.
Porque mientras el presupuesto sube como la espuma, el impacto sigue siendo invisible para la mayoría de los dominicanos. Y eso, en un organismo que existe para defenderlos, no solo es preocupante… es escandaloso.
Si alguien pensaba que no había nada raro, estos números pican y arden.
