Por: Abrahan Jimenez.
La entrada de un nuevo operador al ecosistema de las telecomunicaciones dominicanas plantea un escenario que desborda la simple lógica de tarifas o cobertura. Cuando un actor extranjero asume la gestión de infraestructuras críticas, el Estado dominicano asume la obligación irrenunciable de auditar la composición de sus capitales, las cadenas de valor de sus proveedores y la gobernanza sobre el almacenamiento de datos sensibles frente a potenciales vectores de interferencia externa.
A través de la reciente Resolución 073-2026, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) adjudicó a Viettel Global el uso de 240 MHz de espectro en las frecuencias de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz por un término de veinte años. El proyecto contempla una inversión estimada en 560 millones de dólares para el despliegue de tecnologías 4G y 5G, perfilando a la firma de capital asiático como el cuarto operador móvil de la República Dominicana. Si bien la mayor competencia dinamiza el sector e impulsa la modernización de servicios, las particularidades de este oferente exigen un estándar de fiscalización diferenciado, Viettel es un conglomerado netamente estatal bajo la tutela del Ministerio de Defensa de Vietnam, estructurado desde su origen para el soporte de las comunicaciones de las fuerzas armadas de su país de origen.
Este perfil militar no predetermina un riesgo operativo per se, pero sí impone un escrutinio técnico riguroso. En el entorno contemporáneo, las redes de datos vehiculizan flujos de información gubernamental, transacciones financieras corporativas y metadatos de geolocalización ciudadana. Los precedentes regulatorios del grupo internacional justifican esta reserva.
En enero de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyó en su Entity List a Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel), firma conjunta donde participa Viettel, tras determinar que sus operaciones tecnológicas colisionaban con los intereses de seguridad global de Washington debido a su vinculación logística con la junta militar de Myanmar.
Asimismo, VTA Telecom Corporation, oficina de adquisiciones vinculada a Viettel en territorio estadounidense, arrastra antecedentes críticos. El Departamento de Estado concluyó un proceso administrativo en su contra por violaciones sistemáticas al control de exportaciones de artículos de defensa, tras comprobarse el desvío no autorizado de componentes militares hacia Vietnam y la falsificación de declaraciones de uso final; una conducta que previamente le costó una penalización de 1.8 millones de dólares ante agencias federales.
Estos expedientes, sumados a las recurrentes sanciones millonarias aplicadas en Perú por el regulador Osiptel debido a vulneraciones en los protocolos de contratación y comercialización informal de líneas, configuran un historial de cumplimiento corporativo que las autoridades locales no pueden pasar por alto en la redacción de los contratos definitivos.
A las sanciones en los mercados norteamericano y asiático se suman las penalizaciones comerciales en la región. En Perú, Bitel, marca bajo la cual opera Viettel, acumuló multas por 15.6 millones de soles aplicadas por el regulador Osiptel entre 2020 y 2023.
El motivo principal fue la comercialización informal y ambulatoria de tarjetas SIM, una práctica que las autoridades peruanas vinculan directamente con brechas en la verificación biométrica, activaciones irregulares y riesgos de suplantación de identidad.
Para la República Dominicana, sin embargo, el factor más crítico es de naturaleza geográfica. Viettel controla el 60 % de Natcom en Haití, en sociedad con el Estado haitiano, que retiene el 40 % restante. Que un mismo conglomerado militar extranjero gestione la conectividad a ambos lados de la frontera terrestre obliga a las autoridades locales a auditar técnicamente la interconexión de redes, las rutas internacionales de tránsito, la localización de los servidores y los protocolos de gobernanza de datos frente a requerimientos de terceros países. Sostener que esto implica un control absoluto de las comunicaciones en La Española sería conceptualmente incorrecto, pero ignorar la duplicidad de presencia debilitaría la estrategia de defensa nacional.
El inventario de proveedores para la futura red dominicana introduce otra variable geopolítica. Aunque Hanói mantuvo históricamente reservas frente a la tecnología de Beijing por disputas territoriales en el mar de China Meridional, la tendencia ha cambiado. Firmas estatales vietnamitas, incluidas Viettel y VNPT, han adjudicado contratos de infraestructura 5G a Huawei y ZTE, fabricantes sujetos a severas restricciones en mercados occidentales por sospechas de vulnerabilidades en seguridad.
Este giro responde a una realidad comercial innegable: China es el principal socio de Vietnam, con intercambios récord en 2025 y una densa red de acuerdos bilaterales que abarcan infraestructura fronteriza, cadenas de suministro y conectividad ferroviaria.
Bajo este panorama, la discusión no puede polarizarse entre la antipatía corporativa o la aceptación ciega de capitales. El núcleo del problema radica en determinar si el marco legal dominicano es lo suficientemente maduro para blindar sus redes estratégicas. Antes de suscribir los contratos definitivos de concesión, el Poder Ejecutivo debería ordenar una evaluación técnica e interinstitucional exhaustiva donde converjan el Indotel, el Centro Nacional de Ciberseguridad y las agencias de inteligencia del Estado.
Este pliego contractual debe condicionarse a cláusulas estrictas de soberanía digital: obligatoriedad en la residencia local de los datos de los usuarios, segregación física de redes gubernamentales y militares, auditorías independientes de código fuente, y la identificación obligatoria de toda la cadena de proveedores, desde el núcleo de la red (core) hasta los sistemas de soporte remoto. Las telecomunicaciones son un componente de la soberanía nacional, no un simple servicio de consumo de datos. Expandir el mercado es una meta económica legítima, pero garantizar la inviolabilidad del ecosistema digital dominicano es un mandato de seguridad nacional.
Sobre el autor: Abrahán Jiménez reside en Santiago, República Dominicana.
Es consultor especialista en infraestructura sostenible, gobernanza, innovación, tecnología y políticas públicas.
Cuenta con estudios de especialización y formación ejecutiva en el BID, FIU, Columbia, Yale y el Instituto de Finanzas de Nueva York.
abrahanjimenez@hotmail.com
