La cédula de identidad y electoral es el documento más importante para cualquier dominicano. No solo nos permite ejercer el derecho al voto, sino que es clave para acceder a servicios bancarios, firmar contratos, viajar y validar nuestra existencia jurídica. Sin embargo, millones de ciudadanos seguimos portando un documento vencido porque la Junta Central Electoral (JCE) no ha sido capaz de cumplir con su propio calendario.
Inicialmente, el proceso de renovación de cédulas estaba pautado para comenzar el 17 de agosto de 2024. Hoy, en marzo de 2025, no solo seguimos esperando, sino que ni siquiera se ha anunciado una nueva fecha. Mientras tanto, el director de Cedulación, Américo Rodríguez, habla de “estrategias” para el prerregistro, solicitud y entrega del documento. Pero, ¿de qué sirven las estrategias si el proceso ni siquiera ha comenzado?
Para agravar la situación, la JCE ha postergado la adjudicación del contrato para la producción de la nueva cédula, convirtiendo la identidad de los dominicanos en un tema más de negocios y burocracia que de derechos ciudadanos. Se han sostenido reuniones con los partidos políticos para explicar el proyecto, pero la población sigue sin información clara sobre los cambios en el documento, sus costos y las implicaciones de este nuevo modelo de identidad.
El retraso en la renovación masiva de cédulas ya ha generado incertidumbre, con millones de dominicanos circulando con documentos vencidos. Ahora, el proceso de cambio de formato introduce otra capa de complejidad. La JCE tiene la responsabilidad de garantizar que esta transición sea transparente, eficiente y que no vulnere el derecho de los dominicanos a una identidad válida y actualizada. De lo contrario, no solo estaremos renovando un documento, sino también renovando dudas sobre la capacidad de la institución para cumplir su función esencial.
Esta situación es más que un simple inconveniente administrativo; es una demostración de falta de previsión y planificación en un tema fundamental. La JCE sabía que debía renovar las cédulas y, aun así, dejó que el tiempo se agotara sin ejecutar el proceso a tiempo. Ahora, la incertidumbre reina y los ciudadanos seguimos en un limbo legal, con documentos vencidos que en cualquier momento pueden convertirse en un obstáculo para nuestra vida cotidiana.
La identidad de los dominicanos no puede depender de prórrogas interminables ni de excusas burocráticas. La JCE debe asumir su responsabilidad con seriedad y garantizar, de una vez por todas, que cada ciudadano tenga su cédula vigente sin más demoras injustificadas. De lo contrario, estaremos renovando no solo un documento, sino también las dudas sobre la capacidad de la institución para cumplir su función esencial.
