@abrilpenaabreu
Hay noticias que ya no deberían parecernos normales, pero lamentablemente empiezan a repetirse con una frecuencia tan dolorosa que el país corre el riesgo de acostumbrarse. Y cuando una sociedad se acostumbra a la violencia, entra en una de sus etapas más peligrosas.
Esmeralda Moronta de los Santos tenía 36 años, había decidido terminar una relación, y ayer por la tarde acudió a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género de Los Mina a presentar una denuncia contra su expareja. Lo que no sabía es que Omar Tejeda Guzmán le había colocado un GPS para rastrear todos sus movimientos, y cuando se enteró de que ella había ido a denunciarlo, la siguió, la persiguió por la calle Puerto Rico hasta el interior de un colmado donde buscó refugio, y la acribiIló a tiros frente a testigos antes de suicidarse con la misma arma. Fue su propia denuncia lo que la delató. Hizo todo lo que se supone que hay que hacer, y aun así no sobrevivió para contarlo.
En lo que va de 2026 ya suman 32 los feminicidios registrados en el país, y de los 22 que ocurrieron en el primer trimestre, 19 se produjeron sin que existiera una denuncia previa. O sea, las que no denuncian mueren. Y las que denuncian, también. Esa estadística no es un dato frío, es la descripción de un sistema que está fallando en ambos extremos, y que le exige a las víctimas un coraje extraordinario para activar mecanismos que muchas veces no llegan a tiempo.
Detrás de muchos feminicidios existe un patrón que se repite con una consistencia que debería obligarnos a una reflexión mucho más profunda que la indignación de 48 horas: el sentido de propiedad, la idea enfermiza de que una pareja pertenece, de que decidir irse constituye una ofensa imperdonable, de que perder el control sobre otra persona justifica perseguirla, acosarla, rastrearla con un GPS y finalmente matarla dentro de un colmado en plena tarde mientras hay testigos presentes que no pudieron hacer nada porque el sistema tampoco les dio herramientas para hacerlo.
Pero el problema va más allá de los feminicidios, y eso también hay que decirlo, porque la misma incapacidad para manejar conflictos de forma civilizada es la que vemos todos los días en las calles, en discusiones por parqueos, en riñas vecinales, en pleitos familiares, en enfrentamientos entre conocidos que terminan en muerte por razones que cualquier persona con manejo emocional básico podría resolver en cinco minutos. Por eso Interior y Policía lleva tiempo advirtiendo que una parte significativa de los homicidios en el país no proviene de la delincuencia organizada sino de conflictos sociales que escalan porque nadie aprendió a bajar la temperatura antes de que llegara el punto de no retorno.
Y eso obliga a una pregunta que este país sigue evitando hacerse con la seriedad que merece: ¿qué estamos formando?
Porque estamos formando generaciones que muchas veces aprenden desde pequeños que la violencia es una herramienta válida para imponerse, controlar o descargar frustraciones, niños expuestos a gritos, agresiones, humillaciones y amenazas como lenguaje cotidiano, modelos de masculinidad donde perder el control parece sinónimo de fuerza y donde aceptar un rechazo es percibido como una humillación que exige respuesta, y eso no se corrige solo con más patrullas, más operativos ni más campañas temporales cada vez que ocurre una tragedia que se vuelve viral durante 48 horas y luego desaparece del debate público hasta el próximo caso.
La solución tiene que ser una política cultural permanente, y eso no es una frase bonita para el final de un editorial, es la descripción de un trabajo que requiere que escuelas, familias, iglesias, clubes deportivos, universidades, medios de comunicación, alcaldías y sector privado empujen en la misma dirección de manera sostenida, porque hay que enseñar desde temprano que amar no es controlar, que una ruptura no es una humillación, que discutir no implica destruir, que perder no autoriza a matar, y que frustrarse no da derecho a violentar a nadie, y ese mensaje no puede ser la campaña de mayo cuando los números suben, tiene que ser, como suele decirse, de desayuno, comida y cena.
Esmeralda Moronta de los Santos hizo todo lo que se le pide a una víctima que haga. Buscó ayuda, acudió a las autoridades, intentó protegerse. Y aun así terminó muerta en el piso de un colmado porque el hombre que la mató decidió que su decisión de irse no era válida.
Mientras sigamos escribiendo editoriales sobre mujeres asesinadas por alguien que simplemente no aceptó un no, el problema seguirá siendo nuestro, no solo de ellas.
