Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – Las empresas contratistas que operan junto a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) atraviesan lo que califican como su peor momento, debido al reiterado incumplimiento de los contratos por parte de las distribuidoras y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).
Los contratistas, que han invertido más de 100 millones de dólares y emplean alrededor de 15,000 personas, han presentado durante más de un año diversas intimaciones legales y solicitudes formales para que se apliquen los ajustes por inflación y los recientes aumentos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo en marzo de 2025. Hasta la fecha, alegan no haber recibido respuesta alguna.
De acuerdo con cifras documentadas, los ajustes por inflación y aumentos salariales se sitúan entre un 17 % y un 20 %, dependiendo de la distribuidora. La falta de reconocimiento y pago de estos ajustes ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de estas empresas, generando inconformidad entre los técnicos y personal operativo, y elevando la posibilidad de una paralización general de servicios.
“Esta situación representa una franca violación a los contratos vigentes, a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, a la resolución CNS-01-2025 del Comité Nacional de Salarios, y atenta contra la calidad de vida de los trabajadores y la estabilidad del sistema eléctrico”, denuncian voceros de las empresas.
Algunos contratistas sostienen que este deterioro en las relaciones contractuales parece tener como trasfondo una posible estrategia de desmantelamiento del sistema actual para facilitar la venta de las EDES “a precio de vaca muerta”, en medio de un escenario de crisis provocada.
Los representantes de las empresas también señalan que los mismos contratistas, hoy ignorados, fueron los responsables de ejecutar las operaciones durante el período en que se lograron los mejores indicadores de reducción de pérdidas. No obstante, actualmente, esos indicadores han empeorado de forma considerable, lo que genera preguntas sobre la gestión administrativa actual del sector.
A esta problemática se suma un cuestionamiento adicional sobre el gerente general de Edesur, quien también figura como vicepresidente del Consejo de Administración de Punta Catalina, lo que representa, según expertos, un claro conflicto de intereses dentro del sistema energético nacional.
Las empresas contratistas hacen un llamado urgente a las autoridades del sector eléctrico para evitar el colapso del sistema y reiteran su disposición a seguir brindando servicios de calidad, siempre que se respeten los compromisos contractuales y laborales adquiridos.
