El Pregonero, Santo Domingo. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana confirmara la litigación temeraria atribuida a María Amelia Hazoury y a sus abogados, Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de la oficina León & Raful que preside Eric Raful, distintos sectores jurídicos consideran que cualquier nuevo intento de reabrir el caso ante otra instancia debe manejarse con estricto apego a la ley y al respeto de las competencias judiciales.
El debate surge tras conocerse que, luego del rechazo emitido por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) a una solicitud de suspensión del proceso disciplinario seguido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), se procura llevar nuevamente la controversia ante la jueza Luisa Canaán.
Juristas advierten que insistir en una pretensión ya rechazada podría interpretarse como un intento de obtener por otra vía lo que no prosperó en la jurisdicción correspondiente.
La reciente decisión de la Suprema Corte, que validó sanciones y confirmó actuaciones calificadas como litigación temeraria, ha sido vista como un precedente importante frente al uso abusivo de los tribunales.
Especialistas entienden que este contexto obliga a una mayor prudencia judicial, debido a que cualquier decisión contraria al curso procesal establecido podría enviar una señal negativa sobre la seguridad jurídica del país.
“Las decisiones jurisdiccionales no pueden convertirse en obstáculos que se esquivan, sino en límites que se respetan”, expresaron fuentes consultadas.
Expertos recuerdan que solo la Suprema Corte, mediante los recursos legales correspondientes, tendría facultad para conocer cualquier solicitud vinculada a la suspensión o revisión de decisiones disciplinarias ya ventiladas en otras instancias.
Por ello, sostienen que intentar duplicar competencias o provocar decisiones paralelas desnaturalizaría el orden procesal y afectaría el equilibrio institucional.
Sectores del ámbito jurídico consideran que la magistrada Luisa Canaan tiene ante sí una decisión de alto impacto institucional, ya que podría reafirmar el respeto a la jerarquía judicial o abrir un precedente riesgoso.
“El país observa y la comunidad jurídica también”, señalaron.
Agregaron que abstenerse de fallar a favor de una solicitud ya rechazada no sería una omisión, sino una muestra de respeto al debido proceso, la separación de poderes y la institucionalidad democrática.
Concluyeron afirmando que la independencia judicial no consiste en actuar sin límites, sino en reconocerlos y honrarlos.
