Por Tony Peña Guaba
Nuestro país figura entre las ocho naciones con mayor vulnerabilidad climática del planeta. La convergencia de factores geográficos, ambientales e institucionales dibuja un escenario de riesgo sistémico que demanda una respuesta de Estado urgente, transpartidaria y de largo aliento. Según un reciente estudio publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) indicó que la evolución de las temperaturas y las precipitaciones en el país son de tendencia creciente en relación a otras naciones de la región. Esto también lo confirma la Organización Germanwatch, quienes indican que la República Dominicana es más vulnerable que 15 países de la región a huracanes, sequías extremas e inundaciones.
La pregunta ya no es si el problema existe, sino si tenemos la voluntad colectiva de enfrentarlo.
La evidencia científica es categórica y los índices internacionales son contundentes: la República Dominicana se encuentra catalogada de manera consistente entre los ocho países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial. Diversas revistas especializadas y organismos multilaterales la ubican, con alarmante regularidad, entre las diez naciones que con mayor frecuencia experimentan los efectos devastadores de los fenómenos climáticos extremos. Este no es un dato estadístico abstracto. Es una sentencia sobre la cotidianidad de millones de dominicanos.
La comprensión cabal de esta realidad exige, sin embargo, un análisis que vaya más allá de la simple constatación del fenómeno. Es imprescindible examinar los factores que confluyen para configurar esta condición de fragilidad estructural, separando con precisión analítica aquellos que pertenecen al orden de lo inevitable —determinados por la geografía y la física del planeta— de aquellos que son producto de decisiones humanas, de políticas públicas deficientes y de una cultura colectiva que ha subestimado sistemáticamente el costo de la irresponsabilidad ambiental.
El Primer Eje: La condición insular y su destino geográfico.
El primer vector de vulnerabilidad es inescapable: la posición geográfica de la isla. La Hispaniola se asienta en el corazón de uno de los dos mares más convulsionados del planeta durante la temporada ciclónica. El Atlántico Norte y el Mar Caribe constituyen la cuna de las tormentas tropicales y los huracanes que, con una periodicidad que no da tregua, amenazan el territorio nacional. Esta realidad geofísica no es negociable ni modificable; es el precio que se paga por habitar uno de los archipiélagos más biodiversos y hermosos del mundo.
A esta condición se suma, de manera inexorable, la crisis del sargazo. El calentamiento global ha transformado al alga parda en una amenaza permanente y creciente para nuestras costas y playas. Las macroalgas, que antes eran fenómenos esporádicos y manejables, han mutado en un flagelo sistemático que erosiona el ecosistema marino, devastando la biodiversidad, comprometiendo la calidad del agua y asestando un golpe directo a la industria turística, uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. El sargazo es, en este sentido, el mensajero más visible del cambio climático global que se materializa en nuestra orilla.
«No es un tema de un gobierno o partido específico. Es una amenaza que atenta contra nuestra estabilidad en los cultivos, en el turismo y en la vida misma de nuestros ciudadanos.»
El Segundo Eje: La cuenca acuífera maltratada.
El territorio dominicano posee una red hidrográfica privilegiada. Sus cuencas fluviales, la densidad de sus ríos y la extensión de sus cañadas constituyen un activo natural de valor incalculable. Sin embargo, esta riqueza hídrica ha sido sistemáticamente sometida a un proceso de degradación que combina la negligencia institucional con la irresponsabilidad ciudadana, creando una bomba de tiempo que detona cada vez que la naturaleza presenta una vaguada fuera de lo ordinario.
La proliferación incontrolada de asentamientos humanos en las márgenes de ríos y cañadas representa quizás la más grave de las decisiones de planificación territorial que han tomado los sucesivos gobiernos dominicanos. No se trata de un fenómeno reciente ni de un descuido aislado: es el resultado acumulado de décadas de omisión regulatoria, de una política de ordenamiento territorial inexistente en la práctica, y de la demagogia populista que prefiere otorgar permisos de construcción en zonas de alto riesgo antes que enfrentar el costo político de la reubicación.
Esto agravado por la existencia de vertederos a cielo abierto, que además de contaminar el ambiente y erosionar la capa vegetal, filtran aguas contaminadas a los cauces de agua subterránea del país. Aunque reconocemos el esfuerzo del actual gobierno por la eliminación de este modelo de vertedero, estamos conscientes de que necesita una voluntad más férrea y acciones contundentes.
Los fenómenos del Niño y la Niña se han sentido con intensidad creciente en el país. La paradoja dominicana es que, en los últimos años, el cambio climático se ha manifestado también en forma de abundantes precipitaciones que mantienen al país con una llamativa riqueza vegetal, pero que al mismo tiempo provocan inundaciones recurrentes en zonas que se han vuelto crónicamente vulnerables. El verdor que nos enorgullece tiene, pues, un reverso oscuro que nos inunda y nos cobra facturas sociales y económicas inaceptables.
El Tercer Eje: La Cultura del Plástico y la Complicidad del Estado.
Aquí es donde la responsabilidad deja de ser solamente geográfica o climática y adquiere un rostro humano, cultural e institucional. La proliferación del plástico y del foam —materiales que tardan siglos en degradarse— y su disposición indiscriminada en el espacio público constituye una variable de riesgo que amplifica exponencialmente el impacto de cualquier fenómeno atmosférico. Los imbornales y sistemas de desagüe del país operan a una fracción de su capacidad real, no porque hayan sido mal diseñados, sino porque están sistemáticamente obstruidos por los residuos sólidos que una parte de la ciudadanía deposita donde le parece conveniente.
El Estado, por su parte, ha sido cómplice de esta disfunción de dos maneras: por omisión, al no establecer un régimen de consecuencias efectivo y creíble para quienes contaminan el espacio público; y por acción, al perpetuar la disponibilidad irrestricta de materiales no biodegradables en el mercado, protegiendo intereses económicos privados en detrimento del interés colectivo. La pregunta que toda sociedad debe formularse con honestidad intelectual es cuál de los dos capitales tiene mayor valor: el de los fabricantes y distribuidores de plástico y foam, o el del país que queremos legar a las generaciones venideras.
La Agenda Inaplazable: Cinco Ejes de Acción Estructural.
Frente a este diagnóstico, la retórica y los diagnósticos adicionales resultan ya insuficientes. Lo que el país necesita es una agenda de acción concreta, sostenida y transpartidaria. Identifico al menos cinco ejes que deben articular esa agenda:
1. Reubicación planificada de poblaciones en zonas vulnerables. No existe argumento político que justifique posponer más la extracción de familias que habitan en las márgenes de ríos y cañadas. Se requiere un programa nacional de reubicación con dignidad, dotado de presupuesto multianual, que trascienda los ciclos electorales.
2. Restauración y blindaje de cauces naturales. Los cauces hídricos son infraestructura pública de primer orden. Su invasión por actividades humanas —incluidas las presas y aprovechamientos indiscriminados— debe ser tratada con la misma severidad que cualquier otro delito contra el patrimonio nacional.
3. Educación ambiental sistémica. La conciencia ambiental no surge de manera espontánea; se cultiva desde la escuela primaria y se refuerza con políticas públicas coherentes. Una nación que no educa a sus ciudadanos en la gestión responsable del entorno natural está firmando su propia sentencia de deterioro progresivo.
4. Régimen efectivo de consecuencias. La norma sin sanción es letra muerta. Se requiere un marco regulatorio que establezca consecuencias reales y proporcionales para quienes contaminen el espacio público, viertan residuos en cuerpos de agua o construyan en zonas de riesgo. La impunidad ambiental es tan costosa como la impunidad penal.
5. Eliminación gradual del plástico y el foam del mercado. Numerosos países han transitado exitosamente hacia la sustitución de estos materiales por alternativas biodegradables. La República Dominicana posee los instrumentos legales y la capacidad institucional para avanzar en esta dirección. Solo le falta la voluntad política de enfrentar los grupos de presión que se benefician del statu quo.
Soy consciente de que este análisis generará incomodidades e incluso resistencias en sectores con intereses establecidos. Escribir sobre la necesidad de eliminar el plástico y el foam equivale a atentar contra capitales importantes e influyentes dentro del tejido económico dominicano. Acepto ese costo sin reservas, porque la pregunta fundamental no admite evasión: ¿qué importa más, preservar las ganancias de industrias contaminantes o preservar el país?
Preservar vidas. Preservar una imagen de país limpio y sostenible. Preservar la industria agropecuaria que alimenta a nuestra población. Preservar el turismo que genera divisas y empleos. Preservar las riquezas naturales, materiales y minerales que son el patrimonio de todos los dominicanos. Estas son las variables que deben guiar la toma de decisiones de cualquier gobierno que aspire a ser recordado por su sentido de responsabilidad histórica.
La vulnerabilidad climática de la República Dominicana no desaparecerá por decreto ni por optimismo voluntarista. Lo que sí puede cambiar es nuestra respuesta ante ella: la calidad de nuestra planificación, la profundidad de nuestra educación ambiental, la consistencia de nuestras políticas públicas y la honestidad con que asumamos que somos, al mismo tiempo, víctimas de la naturaleza y artífices de nuestro propio riesgo.
Una nación que pretenda ser viable en el siglo XXI no puede darse el lujo de postergar indefinidamente decisiones que son, al mismo tiempo, urgentes, impopulares y necesarias. El colapso no es un escenario apocalíptico de ciencia ficción; es el destino natural de las sociedades que eligen la comodidad del corto plazo sobre la responsabilidad del largo aliento. Que la República Dominicana no sea ese país.
