Por Félix Rosario Labrada
(Abogado)
Hay una forma de contaminación que no va a los ríos, no se percibe en el aire, ni deja residuos visibles en las aceras. Sin embargo, nos invade cada día, nos roba el sueño, nos deteriora la salud y nos arrebata la paz en el lugar más íntimo que tiene el ser humano, en nuestro hogar. Esa forma de contaminación es el ruido. Y en el Distrito Nacional, se ha convertido en una epidemia, paradójicamente, silenciosa, que las autoridades municipales no terminan de atender con la seriedad que el problema demanda.
Santo Domingo es una ciudad ruidosa. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha informado que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibe en una semana un promedio de 12 mil denuncias por ruido. Los colmadones, las bocinas enloquecidas del tránsito, los centros de entretenimiento que operan sin control de decibeles, las construcciones en horarios prohibidos y hasta los templos religiosos e iglesias, conforman un paisaje sonoro que agrede cotidianamente la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos.
Lo primero que debe quedar claro es que la República Dominicana cuenta con un marco jurídico en materia de contaminación sonora. Es decir, no nos encontramos ante un vacío legal, sino ante un vacío de voluntad institucional.
La Ley No. 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, ya establecía desde el año 2004 los mecanismos para regular, sancionar y controlar las emisiones de ruido en el territorio nacional. Esta normativa fue fortalecida en 2019 mediante la Ley No. 90-19, que introdujo sanciones más severas para establecimientos comerciales como colmados, bares, clubs nocturnos y cafeterías, con multas que oscilan entre tres y veinte salarios mínimos.
Asimismo, establece sanciones para propietarios de vehículos de motor y otros generadores de ruido en la vía pública.
El marco constitucional también respalda este derecho. La Constitución dominicana reconoce el derecho de toda persona a la paz, la tranquilidad y a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. El ruido excesivo no es solo una molestia: es una violación de derechos fundamentales.
A nivel municipal, el Ayuntamiento del Distrito Nacional cuenta con la Ordenanza 4-2005, que prohíbe el uso excesivo de bocinas, la música a alto volumen y las construcciones fuera de horario, estableciendo además sus propias sanciones. Y la Ley 90-19 otorga expresamente a los ayuntamientos la facultad de establecer zonas de tolerancia al ruido para actividades especiales, previa certificación del Ministerio de Medio Ambiente.
Entonces, ¿qué falla? Si existe la ley nacional, si existe la ordenanza municipal, si existen las sanciones, ¿por qué el ruido en el Distrito Nacional sigue siendo un problema grave y creciente?
Distancia entre la norma y la realidad
Según datos publicados por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, 9-1-1-, desde el año 2014, se han recibido más de 740 mil denuncias por ruido solo en el Gran Santo Domingo, de las cuales más de 700 mil corresponden a quejas por música a alto volumen. Eso equivale a un promedio de más de 70 mil denuncias por año. Pero esas llamadas, en su inmensa mayoría, no se traducen en sanciones efectivas, en cierres de establecimientos reincidentes, ni en cambios sostenibles de conducta.
La fiscalización es fragmentada y por momentos. El Ministerio de Medio Ambiente realiza operativos ocasionales, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente ejecuta intervenciones puntuales, como la ocurrida en la Plaza Universitaria, ubicada en el Distrito Nacional en noviembre de 2024, y la Policía Nacional reporta operativos que resultan en la retención de equipos. Sin embargo, estas acciones aisladas no constituyen una política pública coherente y sostenida.
Los desafíos estructurales son múltiples, deficiencia en la fiscalización y monitoreo, un proceso sancionador que facilita la evasión de los infractores, falta de coordinación efectiva entre las instituciones con competencia en la materia, el Ayuntamiento, el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional, Interior y Policía, y el 9-1-1, y una cultura de permisividad que normaliza el ruido como parte inevitable de la vida urbana.
En este escenario, los gobiernos locales del Gran Santo Domingo, de manera principal, tienen una responsabilidad que no puede seguir siendo diferida. La gestión ambiental urbana, incluida la contaminación sonora, es, por definición, una competencia municipal. La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios es clara al establecer como parte de los servicios municipales mínimos la protección del medio ambiente.
Sin embargo, la respuesta municipal ha sido históricamente reactiva y no preventiva. Se actúa cuando hay denuncias o presión mediática, pero no existe un plan estructurado de monitoreo, educación y sanción progresiva que genere los incentivos correctos para el cumplimiento de la ley.
El ruido es un asunto de salud pública y de derechos
Es preciso terminar con la idea de que la contaminación sonora es un problema menor, un asunto de sensibilidades o preferencias personales. Los especialistas de la salud han documentado extensamente que la exposición sostenida a niveles altos de ruido produce daños físicos y psicológicos serios: pérdida auditiva progresiva, trastornos del sueño, estrés crónico, hipertensión arterial, problemas de concentración y rendimiento, e incluso depresión. En Santo Domingo, muchas escuelas están rodeadas de colmadones, avenidas congestionadas y templos con equipos de sonido potentes, afectando directamente el proceso educativo de miles de niños y jóvenes.
Vivir en un ambiente sonoro equilibrado no es un lujo. Es un derecho consagrado en nuestra Constitución, respaldado por leyes que existen hace más de veinte años y que siguen esperando ser aplicadas con la firmeza que merecen.
La ciudadanía ha denunciado. Las leyes están escritas. Solo falta que quienes tienen la responsabilidad de gobernar el municipio decidan, de una vez, no solo escuchar, sino actuar.
