@abrilpenaabreu
La reciente operación que busca capturar en suelo dominicano a presuntos miembros del Cártel de Sinaloa ha vuelto a sacudir la opinión pública. Pero si nos despojamos del asombro momentáneo y hablamos con honestidad, debemos admitir algo incómodo: este no es un caso aislado. No es la primera vez que delincuentes internacionales —algunos peligrosísimos— pisan suelo dominicano sin mayor dificultad. Y mucho menos será la última, si seguimos con el mismo nivel de permisividad y negligencia institucional.
En las últimas décadas, por nuestros aeropuertos, puertos y puntos fronterizos han transitado libremente desde pederastas buscados por la Interpol, hasta exmilicianos, lavadores de dinero, estafadores de talla global y ahora, miembros de cárteles internacionales. Muchos han vivido aquí durante años sin ser detectados. Algunos han hecho vida social, negocios, e incluso han constituido empresas sin que nadie lo cuestione. ¿Cómo lo logran? Porque entran de manera legal. Porque en la mayoría de los casos, no levantan ni una sola alerta en nuestros controles migratorios.
El problema de fondo es ese: República Dominicana no está ejerciendo ningún filtro real de seguridad internacional al momento de admitir visitantes, ni siquiera cuando estos provienen de países con historial alto de criminalidad organizada. El hecho de que nuestro país no exija visa a decenas de nacionalidades puede tener una justificación económica —al fin y al cabo, somos un destino turístico—, pero eso no puede ser excusa para abrir las puertas a ciegas.
Una cosa es facilitar el turismo, y otra muy distinta es permitir que cualquier persona, sin importar su prontuario, pueda entrar, asentarse y hasta montar negocios sin que salte una sola alarma. Lo más preocupante es que casi siempre nos enteramos de estos casos porque agencias extranjeras nos alertan. ¿Qué significa esto? Que nuestra inteligencia migratoria y nuestros sistemas de seguridad fronteriza no están funcionando como deberían.
Mientras tanto, nos convertimos —sin quererlo o sin querer admitirlo— en refugio de delincuentes internacionales. No solo es un despropósito desde el punto de vista moral y jurídico, sino también una amenaza directa a nuestra seguridad nacional, a nuestra reputación internacional, y a la imagen de país confiable para la inversión y el turismo.
Además, esto debería despertar otra alarma: si personas buscadas por delitos graves pueden entrar sin problema, ¿qué otras actividades ilegales están operando con igual facilidad desde nuestro territorio? ¿Qué uso se está dando a nuestras instituciones, nuestros bancos, nuestros puertos, nuestros registros mercantiles?
El Estado dominicano debe hacer una revisión profunda y urgente de sus protocolos de entrada, de sus acuerdos de intercambio de información con organismos internacionales, y del entrenamiento y tecnología de su personal fronterizo. No es suficiente con poner cámaras en los aeropuertos o revisar documentos en ventanillas. Se necesita inteligencia preventiva, colaboración activa con redes globales de seguridad, y sobre todo, voluntad política para cerrar las brechas que hoy hacen de República Dominicana un coladero.
No podemos seguir celebrando que somos un país abierto al mundo mientras nos convertimos, en paralelo, en territorio fértil para redes criminales internacionales. Si no actuamos ahora, la factura —en violencia, en pérdida de confianza y en crisis institucional— llegará antes de lo que imaginamos.
