El centro administrado por los Terciarios Capuchinos en San Cristóbal, que atiende a menores en conflicto con la ley y a cientos de estudiantes, enfrenta una situación financiera delicada tras varios meses sin recibir los fondos que tradicionalmente le proveía el Estado. La situación plantea interrogantes en medio de la reciente creación del Ministerio de Justicia.
No se trata de una denuncia lanzada al aire, se trata de una preocupación expresada por quienes, desde hace décadas, han sostenido una labor social continua.
El centro, gestionado por los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, ha señalado que lleva alrededor de cuatro meses sin recibir los RD$700,000 mensuales que históricamente han permitido su funcionamiento, en el marco de un convenio que data de 1956 y que nunca había sido interrumpido.
Hoy, esa continuidad parece haber entrado en pausa, lo que está en juego no es solo un tema administrativo.
El centro atiende actualmente:
21 jóvenes en situación de interdicción
Más de 700 estudiantes entre primaria y secundaria
46 empleados que sostienen la operación diaria
Es decir, hablamos de una estructura viva, activa y con impacto social directo y sobre todo, de personas que dependen de su funcionamiento.
La creación del Ministerio de Justicia representa un paso importante en la reorganización del sistema, sin embargo, como todo proceso de transición, no está exento de ajustes.
Según lo planteado por los responsables del centro, la asignación financiera habría quedado bajo la órbita del nuevo ministerio, aunque en la práctica aún se requiere la formalización de un nuevo convenio que garantice la continuidad del apoyo estatal.
Se han sostenido reuniones:
El 9 de enero con Roberto Santana
El 8 de abril con el ministro Antoliano Peralta.
En esta última, se habría planteado la intención de crear las condiciones para retomar el acuerdo. Este no parece ser un caso de abandono deliberado, sino más bien de una transición que aún no termina de ordenarse.
Pero incluso en medio de cambios institucionales, hay principios que no pueden detenerse. La atención a menores, la educación y el funcionamiento de centros como este no pueden quedar en pausa administrativa.
El país ni ellos necesitan confrontación en este momento, necesita respuestas y soluciones.
Lo razonable es:
Aclarar formalmente la situación del centro dentro del nuevo esquema institucional
Reactivar o redefinir el convenio existente
Garantizar la continuidad de los recursos sin interrupciones
Porque cuando se trata de poblaciones vulnerables, los tiempos del Estado no pueden ser los tiempos de la burocracia.
Más que señalar, este caso abre una oportunidad. La oportunidad de que el nuevo Ministerio de Justicia demuestre, desde sus primeros pasos, su capacidad de respuesta, coordinación y sensibilidad social.
Y también, de que se fortalezca un modelo de colaboración histórica entre el Estado y organizaciones que han sostenido servicios esenciales por décadas.
Las instituciones pueden estar en transición, pero las necesidades no. Cuando hay menores y estudiantes de por medio, la continuidad no es opcional: es urgente.
