@abrilpenaabreu
Más de 30 mil trabajadores formales podrían quedar en el limbo si se aprueba el proyecto de Ley de Nutrición y Alimentación Escolar tal como está planteado. La advertencia de CODOPYME no es menor: se trata de un cambio de modelo que excluye a las MIPYMES del suministro de alimentos escolares, pese a que han sostenido por más de 15 años —y con calidad certificada— la alimentación de millones de estudiantes dominicanos.
El argumento oficial plantea centralizar la producción de alimentos mediante cocinas en los planteles escolares. Suena bien sobre el papel, pero… ¿y en la práctica? El Estado ni siquiera ha podido garantizar el mantenimiento básico de las escuelas, el flujo regular de maestros ni la eficiencia del personal administrativo. ¿Cómo vamos a delegarle nuevas responsabilidades logísticas, operativas y sanitarias si ni siquiera puede con las que ya tiene?
¿Y la calidad educativa? ¿Y la seguridad en las escuelas? Si los planteles apenas cuentan con baños dignos o electricidad constante, ¿vamos a confiarles también la nutrición diaria de más de un millón de niños?
No se trata de oponerse al progreso. Todos estamos de acuerdo en que la alimentación escolar debe mejorar, pero ¿por qué excluir a un sector que ha invertido, que ha crecido y que ha respondido a una demanda creada por el propio Estado? ¿Quién responde por esas inversiones? ¿Quién le da la cara a las pequeñas industrias que modernizaron sus plantas, contrataron personal, adquirieron camiones refrigerados y certificaciones sanitarias… confiando en un esquema estatal que hoy se pretende eliminar de un plumazo?
Si lo que buscamos es garantizar nutrición de calidad, entonces fortalezcamos el modelo actual. Supervisémoslo, mejóremonos estándares, ampliemos la inclusión a más proveedores locales y agricultores familiares, sí… pero sin dinamitar de forma radical un sistema que ha funcionado con eficacia relativa dentro de las limitaciones estructurales del país.
No olvidemos: el que mucho abarca, poco aprieta. Transformar el modelo alimentario escolar no puede convertirse en un experimento fallido más. Menos aún si el costo lo pagarán miles de trabajadores, cientos de empresas y millones de niños que hoy, al menos, comen con regularidad.
La alimentación escolar no puede depender de improvisaciones. Y mucho menos, de promesas estatales que históricamente no han sabido —ni podido— cumplir.



