@abrilpenaabreu
El más reciente feminicidio vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda que como sociedad llevamos demasiado tiempo evitando: ¿quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de protegernos?
Cada vez que una mujer es asesinada a manos de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, la reacción suele ser la misma. Indignación, titulares, declaraciones de condena y, días después, silencio. Entonces ocurre otro caso y el ciclo vuelve a comenzar.
Lo preocupante es que no estamos hablando de hechos aislados. Año tras año, policías y militares aparecen entre los responsables de feminicidios en República Dominicana. Y aunque cada caso tiene circunstancias particulares, la repetición del fenómeno debería ser suficiente para encender todas las alarmas institucionales.
No se trata de estigmatizar a miles de hombres y mujeres que sirven con honor en los cuerpos armados. La inmensa mayoría cumple su deber con profesionalidad y sacrificio. Precisamente por respeto a ellos, las autoridades tienen la obligación de abordar el problema con seriedad y transparencia.
La pregunta no es por qué un individuo cometió un crimen. La pregunta es qué mecanismos existen para identificar a tiempo a quienes presentan conductas de riesgo.
Un policía o un militar no es un ciudadano cualquiera en términos institucionales, porta armas de fuego, recibe entrenamiento táctico, está sometido a elevados niveles de estrés. En muchos casos trabaja largas jornadas, enfrenta situaciones traumáticas y convive diariamente con escenarios de violencia. Todo ello debería convertir la salud mental en una prioridad estratégica, no en un tema secundario.
Sin embargo, resulta difícil identificar campañas permanentes de evaluación psicológica periódica, programas públicos de manejo de ira, protocolos transparentes de seguimiento o mecanismos efectivos para detectar señales de alerta antes de que ocurra una tragedia.
¿Qué sucede cuando un agente acumula denuncias por violencia intrafamiliar? ¿Qué ocurre si presenta conductas agresivas recurrentes? ¿Existen evaluaciones obligatorias? ¿Se revisa su acceso a armas de reglamento? ¿Hay acompañamiento psicológico continuo? Son preguntas legítimas que merecen respuestas claras.
La prevención no puede limitarse a evaluar a una persona cuando ingresa a una institución. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Las crisis familiares, económicas, emocionales y psicológicas también aparecen con el tiempo. Por eso las evaluaciones deben ser constantes y no un simple requisito de entrada.
Si las estadísticas muestran una presencia recurrente de miembros de cuerpos armados entre los autores de feminicidios, ignorar el problema ya no es una opción. No basta con lamentar cada tragedia. No basta con castigar después. La verdadera responsabilidad consiste en evitar que el crimen ocurra.
Una sociedad madura no solo exige justicia para las víctimas, también exige prevención, supervisión y rendición de cuentas. Porque cuando quienes están llamados a proteger la vida terminan arrebatándola, el tema ya deja de ser qué pasó, el tema pasa a ser qué hicimos —o qué dejamos de hacer— para impedirlo y esa respuesta ya no puede seguir esperando.
