El Pregonero, Santo Domingo.- La permanencia de Rafael Abraham Burgos Gómez al frente de la Dirección General de Bienes Nacionales y como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) comienza a generar fuertes cuestionamientos dentro de la opinión pública, luego de salir a la luz una querella formal en su contra por presunto acoso sexual y violencia de género.
La interrogante que empieza a tomar fuerza en distintos sectores es directa: ¿quién protege a Burgos Gómez, el presidente Luis Abinader o el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza?
El caso ha provocado malestar debido a que, pese a la gravedad de los señalamientos, hasta el momento no se ha producido ninguna suspensión preventiva, investigación pública anunciada ni reacción oficial contundente desde el Gobierno.
La querella fue presentada por Johanny Villamán Espino ante la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional, mediante sus abogados, quienes solicitan al Ministerio Público profundizar las investigaciones y proceder conforme a la ley.
Diversas voces entienden que el silencio gubernamental envía una señal equivocada en momentos en que el país exige mayor transparencia, respeto institucional y cero tolerancia frente a denuncias de esta naturaleza.
Analistas advierten que mantener en funciones a un funcionario bajo estas acusaciones erosiona el discurso ético de la actual administración y abre espacio a sospechas de protección política desde altas instancias.
Mientras el Ministerio Público avanza con el expediente, crece la expectativa sobre si el presidente Luis Abinader tomará distancia del caso o si desde el Palacio Nacional continuará el silencio que hoy muchos interpretan como respaldo.
