El Pregonero, Boca Chica, República Dominicana. — Un conflicto legal que ya supera los ocho años ha vuelto a poner en la agenda judicial dominicana el caso de María Casciato, una ciudadana italiana acusada de posibles irregularidades contractuales y financieras en relación con la venta de un inmueble ocupado actualmente por la empresa Coppi Group en Boca Chica.
En 2017, Casciato firmó con dicha empresa un contrato de alquiler con opción a compra, en el que decidía vender la propiedad por un precio que se amortizaría con los pagos de alquiler durante los tres años siguientes a la fima. Un año después, y luego de cuantiosas inversiones realizadas en el inmueble por parte de los adquirientes, la señora Casciato decide unilateralmente rescindir el contrato, justo cuando los compradores comenzaron a exigir que les emitiera las facturas mensuales de pago con crédito fiscal, como establecía el acuerdo, lo cual nunca cumplió.
En adición a lo anterior, en el contrato la señora Casciato había declarado que el inmueble estaba libre de cargas y gravámenes, lo que luego resultó ser contrario a la realidad, pues existían dos hipotecas inscritas en el inmueble previamente, no reveladas, y que estaban vinculadas a una financiera local.
Tras un año de pagos sin soporte tributario, Coppi Group procedió a practicar retenciones fiscales, conforme a la ley dominicana, hasta recibir las facturas reglamentarias. En lugar de regularizar su situación impositiva, Casciato intimó a la empresa y procuró romper el acuerdo, lo que derivó en un extenso proceso judicial que aún hoy se mantiene en los tribunales.
Según el expediente, Coppi Group detectó posibles maniobras para eludir obligaciones tributarias, lo que llevó a sus abogados a denunciar un esquema financiero irregular.
Una financiera sin autorización legal y que rechazó dos pagos directos de parte de los compradores para saldar las hipotecas que tenía el inmueble.
Las investigaciones del caso señalan que las hipotecas inscrita fueron manejadas por la entidad Paola Karolina, S.A., la cual no cuenta con autorización de la Superintendencia de Bancos para operar préstamos en el país, según informó la parte querellante, quien posee una certificación del órgano regulador del sistema financiero que así lo atestigua.
En un hecho que ha generado suspicacia entre los expertos: se intentó realizar dos ofertas reales de pago directamente a la financiera, la primera por un monto de tres millones de pesos en 2019, y una segunda en 2021 por un monto de cuatro millones, seiscientos noventa y dos mil pesos (RD$4,692,150.00), las cuales fueron rechazadas sin justificación comercial aparente, lo que da a entender que los préstamos basados en esas hipotecas no eran reales.
Este comportamiento, describen los abogados, pudiera configurar acciones típicamente asociadas al lavado de activos, motivo por el cual se presentó en el año 2022 una querella por estafa y lavado de activos ante el Ministerio Público, lo que a su vez llevó a la señora Casciato a querellarse también por alegada violación a la propiedad privada, querella que fue desestimada por el Ministerio Público.
Sin embargo, la señora Casciato continúa ignorando dos sentencias de 2019 y 2023 que protegen a los compradores y se niega a esperar la decisión de la litis que conoce la jurisdicción de tierras, queriendo aplicar, por su cuenta y fuera de los tribunales, su interpretación antojadiza de un contrato de alquiler con opción a compra que ha incumplido desde el inicio.
La documentación del proceso recoge que:
• La querella presentada por Casciato fue rechazada por improcedente.
• Existen dos sentencias judiciales vigentes que suspenden cualquier desalojo o acción de desposesión mientras continúa la litis inmobiliaria.
Pese a ello, en noviembre de 2024, la financiera Paola Karolina, S.A y la señora Casciato, inscriben una tercera hipoteca sobre el inmueble por un monto de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00), para un total de nueve millones ochocientos noventa y dos mil pesos (RD$9,892,000.00) que, alegadamente, le ha prestado la financiera a la señora Casciato con garantía del inmueble.
Además de lo anterior, la señora Casciato ingresó recientemente al inmueble simulando ser huésped del hotel que opera en el lugar, ocasionando un altercado e interrumpiendo la operación del establecimiento y agrediendo al personal, lo que ha sido documentado por la empresa como un acto de perturbación y desacato a la autoridad judicial.
Los abogados de Coppi Group sostienen que lo ocurrido no es un simple conflicto civil, sino un tema de interés público, por los indicios de evasión fiscal, presuntas maniobras de lavado de activos a través de activos inmobiliarios, y el intento de apropiación irregular de una propiedad que ha sido mejorada e incrementado su valor por los actuales ocupantes, los cuales siempre han estado dispuestos a cumplir con sus obligaciones contractuales, a diferencia de la señora Casciato.
