Luis matias
Economista
Los servicios públicos son actividades y prestaciones que el Estado, o las entidades autorizadas por él, ofrecen para satisfacer las necesidades esenciales de la población. Surgieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el crecimiento urbano, la industrialización y los cambios sociales evidenciaron que muchos servicios no podían depender únicamente de la iniciativa privada. Por ello, fue necesaria la intervención del Estado para garantizar su disponibilidad, continuidad y calidad, especialmente en áreas donde el mercado no resultaba suficiente o equitativo.
Servicios como el agua potable, la electricidad, la educación, la salud, el transporte o la seguridad nacieron con el propósito de asegurar el bienestar colectivo y brindar a todos los ciudadanos acceso a recursos básicos para una vida digna. Su importancia radica en que constituyen la base del desarrollo social y económico de una nación, ya que promueven la igualdad de oportunidades, fortalecen la cohesión social y mejoran la calidad de vida. Además, permiten el funcionamiento organizado y seguro de la sociedad, garantizando derechos fundamentales como la salud, la educación y el acceso al agua.
En los últimos años la República Dominicana ha experimentado un deterioro sistemático en sus servicios públicos esenciales. Más que una crisis pasajera, vivimos un retroceso estructural en sectores clave electricidad, salud, agua, transporte y seguridad que refleja debilidad institucional, falta de mantenimiento, sobrecarga presupuestaria y una planificación estratégica insuficiente. Los últimos cinco años han sido una encrucijada para el bienestar colectivo, y evidencian la urgencia de una reforma profunda.
Entre 2020 y 2024, el Estado dominicano destinó US$6,161.8 millones en transferencias para cubrir el déficit del sector eléctrico, lo que equivale a un promedio anual de US$1,450.45 millones. Solo en 2024, el subsidio eléctrico alcanzó los RD$92,972.8 millones aproximadamente US$1,550 millones al tipo de cambio oficial.
En ese mismo período (2021-2024), la erogación total sumó RD$332,683.1 millones, con un promedio anual de RD$83,170.7 millones, equivalente a casi el 1 % del PIB. En 2022 se registró la transferencia más alta, representando un 1.3 % del PIB.
A pesar de estos recursos, las pérdidas en la distribución eléctrica han aumentado. El porcentaje total de energía perdida entre lo generado y lo facturado subió a 42.2 % en 2024, uno de los niveles más altos de la década. Además, entre enero y agosto de 2025 el gobierno destinó más de RD$62,000 millones solo en subsidio eléctrico, debido a que las pérdidas acumuladas de las distribuidoras alcanzaron aproximadamente 39 %.
Estos datos demuestran que no basta con inyectar fondos: el sistema arrastra pérdidas técnicas y no técnicas (fraude, conexiones ilegales), y las EDE no han logrado reducirlas de manera sostenible. Este alto nivel de subsidio compromete el presupuesto público, limita inversiones en otros sectores y evidencia una gestión operativa deficiente.
Otro servicio que ha mostrado un deterioro evidente es el de pasaportes. Las largas filas, retrasos y fallos en el sistema se volvieron frecuentes tras 2020. Según el informe de gestión de la OGTIC, para el cuarto trimestre de 2023, el 24.04 % de los servicios digitales solicitados en la plataforma gubernamental correspondían a la Dirección General de Pasaportes. Esto refleja una demanda acumulada que coincide con las quejas ciudadanas por saturación y mala gestión.
En cuanto al transporte, el desgaste del Metro de Santo Domingo ha sido notorio: fallas recurrentes, averías eléctricas y mantenimiento insuficiente denunciados por usuarios y medios, aunque no siempre existe un informe oficial consolidado. Lo mismo ha ocurrido con el sistema 9-1-1, que ha sufrido reducción de unidades operativas, ambulancias fuera de servicio y menos personal, según reportes ciudadanos, aunque sin datos estadísticos nacionales completos y actualizados.
El deterioro también ha alcanzado al SENASA, cuyo incremento en la demanda y las limitaciones de servicios reflejan el estrés acumulado en el sistema de salud y los vacíos en la planificación estatal.
La educación tampoco salió ilesa. Aunque debería ser la “niña bonita” de cualquier administración, diversos sectores coinciden en que la inversión del 4 % no se ha traducido en mejoras sustanciales. La Jornada Escolar Extendida ha recibido fuertes críticas: menús nutricionalmente débiles, raciones insuficientes, mala calidad de alimentos y fallas logísticas han sido denunciados por docentes, estudiantes y padres. En estos sectores, el problema no es solo financiero, sino también organizativo. La falta de transparencia y de informes precisos agrava la percepción de crisis y afecta el día a día de las familias.
Todos estos elementos evidencian que el deterioro de los servicios públicos entre 2020 y 2025 no es casualidad ni consecuencia exclusiva de la pandemia. También responde a causas estructurales que deben ser atendidas:
- Falta de mantenimiento y modernización: los subsidios elevan los costos, pero no generan mejoras operativas.
• Gasto público insostenible: el alto subsidio eléctrico desplaza recursos vitales para otras áreas.
• Debilidad institucional: EDE, SENASA, el Metro y Pasaportes exhiben baja eficiencia, débil rendición de cuentas y poca planificación.
• Presión de la demanda: la pandemia y la posterior reapertura saturaron servicios que ya eran frágiles.
¿Qué hacer para corregir el rumbo?
Proponemos para recuperar y mejorar los servicios públicos se deben considerar las siguientes acciones:
- Impulsar una reforma profunda del sector eléctrico, con reducción de pérdidas, modernización tecnológica y fortalecimiento regulatorio.
- Aumentar progresivamente el gasto en salud, acercándolo a estándares internacionales y mejorando la calidad de infraestructura y atención.
- Reformar la gestión administrativa, modernizando los procesos de pasaportes, emergencias y transporte con recursos suficientes para mantenimiento.
- Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo auditorías periódicas y participación ciudadana.
- Diseñar un plan estratégico de largo plazo (5–10 años) para servicios públicos, con metas claras, indicadores verificables y presupuesto garantizado.
La respuesta no puede ser superficial ni improvisada. Se requiere una reforma estructural que priorice la sostenibilidad, la transparencia y la equidad. Solo así podremos construir un sistema de servicios públicos que garantice dignidad, estabilidad y progreso para todos los dominicanos.
