Por Kelvin Ortiz Faña
El debate sobre la indexación en el Sistema Dominicano de Seguridad Social no es un tecnicismo lejano al ciudadano. Todo lo contrario: de esta decisión dependerá si mañana podremos elegir quién administra nuestra cobertura en salud y si recibiremos servicios de calidad cuando más los necesitemos.
Hoy, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) analiza una modificación radical en la distribución de la cápita —el dinero que pagan los afiliados a las ARS—, basada en el nivel de siniestralidad de cada aseguradora. Pero este giro, sin el debido consenso, podría provocar la desaparición de más de diez ARS y consolidar un monopolio público en un sistema que nació precisamente para garantizar libertad de elección y competencia.
En medio del ruido, ADIMARS plantea una salida razonable: redistribuir la indexación actual, destinando un 30% al conjunto de afiliados del régimen contributivo y el 70% restante a cubrir adecuadamente a los afiliados mayores de 55 años, quienes más utilizan los servicios médicos.
No es un capricho ni un favor a intereses privados: es una medida certificada como técnicamente viable por la TSS y UNIPAGO y que evita un impacto negativo en la estabilidad financiera del sistema, sin aumentar costos del Plan Básico de Salud.
Es simple: si se reparten bien los costos hoy, se previenen crisis mañana.
Las políticas públicas que sacrifican la sostenibilidad por apresuramiento o ideología terminan afectando a quienes dicen querer proteger. La quiebra masiva de aseguradoras de un mismo sector representa un riesgo país: caos administrativo, menos cobertura, y un golpe directo a la confianza institucional.
¿Acaso podemos permitir que la salud de millones quede en manos de una sola entidad, en un país donde las debilidades del sistema público son ampliamente conocidas?
ADIMARS no niega la necesidad de ajustes. Al contrario: aplaude que se hagan, pero con base en evidencia y transparencia, sin exclusiones y sin improvisaciones. Propone una prórroga para abrir un diálogo técnico entre el Ministerio de Trabajo, SISALRIL, SENASA y ADARS.
No es retrasar: es garantizar que la toma de decisiones no ponga en riesgo el acceso equitativo a la salud que la ley promete.
Una indexación justa y sostenible fortalece el sistema y beneficia al ciudadano. Frenar un monopolio asegura que usted mantenga su derecho a elegir. Y que la competencia continúe elevando la calidad de los servicios médicos.
Por eso, urge sensatez. Urge escuchar a todos los actores. Urge proteger el modelo de seguridad social que nos ha costado dos décadas construir.
Porque cuando hablamos de salud, no hablamos de negocios: hablamos de vida, de familia, de futuro.
