@abrilpenaabreu
Durante años, la ciudadanía ha reclamado una reforma profunda al sistema de partidos. No solo por el elevado costo que representa para el Estado, sino por la proliferación de organizaciones que elección tras elección sobreviven gracias a alianzas, sin demostrar un respaldo ciudadano significativo.
El debate vuelve a la mesa con el proceso que conoce el Tribunal Superior Electoral sobre la posible pérdida de la personería jurídica de los partidos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024. No se trata de una regla nueva ni de un capricho institucional. El requisito está establecido en la Ley 33-18 y ha formado parte del marco jurídico durante años, la gran pregunta es por qué esa disposición prácticamente nunca se había aplicado con el rigor que muchos esperaban.
Durante demasiado tiempo pareció imponerse una lógica de convivencia política. Todos ganaban. Los partidos pequeños conservaban su reconocimiento legal, mantenían acceso a financiamiento público y seguían siendo piezas útiles en la construcción de alianzas electorales. Era un sistema cómodo para casi todos los actores.
Pero la realidad política y social ha cambiado, la población exige un uso más eficiente de los recursos públicos. Incluso el propio Gobierno intentó reducir el presupuesto destinado a los partidos políticos, en medio de un debate nacional sobre prioridades del gasto. Ahora el país
observa un proceso que podría redefinir el mapa político dominicano.
Los defensores de mantener a todas las organizaciones sostienen que eliminarlas limitaría el pluralismo y reduciría la representación de las minorías, es un argumento válido en toda democracia.
Pero también existe otra pregunta igual de legítima: ¿es democrático que organizaciones que no logran un respaldo electoral mínimo continúen recibiendo recursos públicos indefinidamente? ¿Debe el Estado financiar partidos cuya principal estrategia política consiste en negociar alianzas cada cuatro años para garantizar su supervivencia?
La democracia necesita diversidad de ideas, pero también necesita reglas que se cumplan.
Si la ley establece un umbral mínimo para conservar la personería jurídica, aplicarlo no debería interpretarse como un ataque a las minorías, sino como el cumplimiento de una norma aprobada por el propio sistema político.
El Tribunal Superior Electoral ya decidió incorporar al proceso a todas las organizaciones que podrían resultar afectadas, garantizando su derecho de defensa antes de emitir una decisión sobre el fondo. Ese paso fortalece el debido proceso y evita cuestionamientos futuros.
Ahora queda la decisión más difícil. ¿Se aplicará la ley tal como fue concebida, aun cuando implique alterar el tablero político? ¿O prevalecerá nuevamente la lógica de preservar el statu quo?
Porque al final, más allá del destino de 33 partidos, lo que realmente está en juego es un principio mucho más importante: si en la República Dominicana las leyes se aplican por igual o solo cuando resultan políticamente convenientes.
