@abrilpenaabreu
La fortaleza de un Estado democrático no se mide únicamente por su capacidad para perseguir el delito, también se mide por la confianza que inspira cuando investiga sus propios errores.
El caso de Miguel Antonio Valenzuela ha dejado de ser únicamente el de un ciudadano que murió después de permanecer varios días bajo custodia policial, hoy representa una prueba para la credibilidad de las instituciones llamadas a garantizar que la verdad prevalezca por encima de cualquier interés.
Las denuncias sobre una detención que habría excedido los límites legales, las imágenes del joven escupiendo sangre mientras permanecía hospitalizado y los testimonios de sus familiares ya eran suficientes para justificar una investigación independiente, exhaustiva y transparente.
Sin embargo, la controversia alcanzó una dimensión aún mayor cuando la causa oficial de la muerte comenzó a ser cuestionada.
Mientras las autoridades informaron que el fallecimiento se atribuyó a leptospirosis, la familia presentó resultados de pruebas de laboratorio realizadas mientras Miguel Antonio permanecía con vida que, según han hecho públicos sus representantes, resultaron negativas para esa enfermedad, como se pudo ver en los resultados del Laboratorio Amadita.
No corresponde condenar anticipadamente a ninguna institución ni sustituir el trabajo de los peritos por el juicio mediático, tampoco sería responsable afirmar, sin una investigación técnica completa, cuál de las dos evidencias debe prevalecer.
Lo que sí resulta evidente es que existe una contradicción de suficiente importancia como para exigir una explicación pública y esa explicación ya no es una opción, es una obligación.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses no es un actor secundario dentro del sistema de justicia, sus informes sirven de base para investigaciones penales, decisiones del Ministerio Público y sentencias judiciales. En otras palabras, la confianza en sus conclusiones sostiene buena parte del edificio institucional.
Cuando un informe oficial entra en conflicto con otros estudios médicos conocidos públicamente, el silencio o las respuestas insuficientes terminan afectando mucho más que un expediente. Terminan debilitando la confianza ciudadana.
La República Dominicana ha invertido años intentando fortalecer sus instituciones de justicia y modernizar sus organismos de investigación. Ese esfuerzo no puede ponerse en riesgo por la percepción de falta de transparencia en casos de alto impacto público.
La Policía Nacional, por ejemplo, continúa enfrentando importantes desafíos para recuperar plenamente la confianza de la ciudadanía. Casos donde se denuncian presuntos excesos en el uso de la fuerza, cuestionamientos sobre el debido proceso o investigaciones que generan dudas terminan acumulándose en la memoria colectiva.
Cada nuevo episodio hace más difícil convencer a la población de que los controles internos funcionan.
Y cuando las dudas alcanzan a los organismos llamados a certificar científicamente una causa de muerte, el problema deja de ser exclusivamente policial, pasa a convertirse en un desafío para todo el sistema de justicia.
Las instituciones no se fortalecen ocultando errores, se fortalecen cuando son capaces de investigarlos, reconocerlos si existen y corregirlos con transparencia.
La confianza pública no nace de la perfección; nace de la capacidad de rendir cuentas, por eso este caso requiere mucho más que comunicados oficiales.
Requiere que se expliquen, con rigor científico, las diferencias entre los resultados conocidos hasta el momento. Requiere que todos los estudios realizados sean debidamente valorados. Requiere que, si es necesario, intervengan expertos independientes capaces de despejar cualquier duda razonable.
La verdad científica no puede depender de la presión mediática ni del poder político, debe sostenerse sobre evidencia verificable.
Porque cuando un ciudadano muere bajo custodia del Estado, no basta con investigar, hay que demostrar que la investigación merece credibilidad.
Eso protege a la familia de la víctima, protege a los agentes que actuaron correctamente, si así lo determina la investigación y protege, sobre todo, a las instituciones.
En una democracia, la confianza pública constituye uno de los activos más valiosos del Estado. Recuperarla toma años; perderla puede tomar apenas un expediente mal manejado.
Por respeto a la familia de Miguel Antonio Valenzuela, por respeto a los miles de servidores públicos que cumplen honestamente su deber y, sobre todo, por respeto a la sociedad dominicana, este caso debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias.
Porque cuando la verdad oficial entra en duda, la justicia tiene el deber de hablar con más evidencia, más transparencia y menos opacidad.
Solo así podrá recuperar aquello que ninguna institución puede permitirse perder: la confianza de los ciudadanos.
