Los líderes sindicales dominicanos parecen estar jugando al equilibrio imposible: un día respaldan la propuesta de Omar Fernández para indexar los salarios según la inflación, y al siguiente se alinean con el discurso del Gobierno, como si la coherencia fuera un lujo en medio del debate fiscal.
Pepe Abreu y Gabriel del Río, dos veteranos del sindicalismo criollo, levantaron la voz esta semana para advertir que la aplicación de la indexación salarial no puede condicionarse a la revisión o reducción de los programas sociales, marcando distancia del planteamiento oficial de vincular ambos temas. Hasta ahí, todo bien.
Pero la confusión llega cuando ambos se suman al mismo guion que el Gobierno intenta matizar: que hay que “buscar el equilibrio” y “no afectar los subsidios”. En otras palabras, apoyan la causa del trabajador… pero con el freno puesto.
Abreu, con su estilo siempre elocuente, dijo que el dinero que se le descuenta al asalariado termina regresando al Estado por vía del consumo. Y tiene razón. Pero entonces, ¿por qué no exigir con firmeza la aplicación de la ley de indexación, suspendida desde 2017, sin tantos rodeos?
Gabriel del Río fue más tajante: “El Gobierno no puede violar la ley”. Sin embargo, cuando toca exigir su cumplimiento, los sindicatos suelen bajar el tono o esconderse tras mesas de diálogo que nunca concluyen.
En buen dominicano, andan ni con Dios ni con el Diablo. Un pie en la acera de Omar Fernández y otro en el bordillo del Palacio. Y mientras tanto, los trabajadores siguen pagando más impuestos, sin ver reflejado en sus bolsillos el crecimiento económico del que tanto presume el Gobierno.
Si los sindicalistas quieren recuperar credibilidad, tendrán que escoger de qué lado están: del trabajador que no llega a fin de mes o del poder que les invita a desayunos en Palacio. Porque en la lucha social, la tibieza no paga nómina.
