¿Reducir las penas por agresión sexual a menores? No en mi nombre

Por Abril Peña

Durante una reciente reunión de la comisión bicameral que estudia el nuevo Código Penal, la diputada Dorina Rodríguez —del PRM— se retiró visiblemente devastada tras escuchar una propuesta que busca reducir las penas por agresión sexual a menores. Lloró. Se sintió traicionada por un sistema que, en lugar de proteger, parece dispuesto a suavizar los castigos para los agresores.

Rodríguez defiende condenas de entre 20 y 30 años. Mientras tanto, algunos legisladores —como el diputado Eugenio Cedeño— argumentan que 10 a 20 años bastarían si no hubo penetración. Pero este es un enfoque que ignora algo elemental: la mayoría de las niñas no comienzan siendo violadas; empiezan siendo agredidas, y esas agresiones casi inevitablemente terminan en violación. La ley, por tanto, debe actuar como disuasivo desde el primer acto, para detener el ciclo antes de que se agrave.

Y no hablamos de cifras hipotéticas: según la Procuraduría General, en 2023 se registraron 6.741 delitos sexuales, entre ellos 2.642 agresiones sexuales, 1.275 violaciones y 1.767 casos de seducción de menores, un eufemismo legal que en muchas ocasiones encubre violación . También, datos de Diario Libre confirman que las Unidades Especializadas recibieron 7.206 denuncias de violencia sexual: 1.430 violaciones, 538 casos de incesto y 2.177 seducción de menores . Y eso sin contar las víctimas que nunca se atreven a acudir ni a la Justicia ni al sistema.

De enero a abril de 2024, la Procuraduría recibió 2.398 denuncias de delitos sexuales, un promedio de 20 denuncias por día . Estas estadísticas reflejan apenas la punta del iceberg, pues se estima que hasta el 90 % de estos abusos no llegan a denunciarse (). Es decir: por cada caso registrado, hay decenas en silencio.

Y mientras llegamos a esas estadísticas, hay niñas sufriendo en carne propia este horror: adolescentes embarazadas —sin saber si el hijo es de su padre o su abuelo—, niñas con discapacidades intelectuales obligadas a parir. ¿Queremos seguir legislando para esos agresores, con penas que dejen espacio a la impunidad?

Reducir las penas en estos casos no es una idea neutra: es un mensaje perverso. Dice que una agresión leve no merece castigo severo; que las violaciones no son tan graves si no hay penetración; que los agresores pueden negociar condenas. Nos arriesgamos a perpetuar un ciclo letal.

Este país necesita un Código Penal que disuada desde una sola agresión, que establezca claramente que el único futuro posible para un abusador es la máxima sanción, y que estas leyes estén diseñadas para parar la siguiente historia trágica. No valen atajos. No valen tecnicismos. No valen excusas.

La diputada Dorina Rodríguez lloró, sí. Pero qué bueno que lo hizo. Porque llorar por justicia no es debilidad: es humanidad. Y si queremos una transformación real, necesitamos gente que se indigne de verdad.

Una ley incapaz de frenar desde el primer abuso no es progresista. Es permisiva. Y esa permisividad no puede llevar nuestros nombres. No en mi nombre. No en el nombre de nuestras niñas.