@abrilpenaabreu
En política, como en la vida, el que llega primero con las respuestas que la gente está esperando no necesita pedir permiso para ser relevante. Omar Fernández lo entendió, y con eso le está poniendo un problema real no solo a la oposición sino, y sobre todo, al propio gobierno.
Desde que llegó al Senado ha sometido más de una docena de proyectos que tocan exactamente donde duele a la clase media dominicana, esa que durante años ha sentido que el Congreso existe para todo menos para defender sus intereses. La eliminación del impuesto del 2% sobre préstamos hipotecarios, un gravamen que data de 1945 y que hoy no es otra cosa que una tasa paralela de interés que penaliza el derecho a tener techo, la indexación salarial que el presupuesto 2026 enterró ignorando lo que manda la propia ley, la eliminación de anticipos a las mipymes que descapitaliza a las empresas pequeñas antes de que puedan crecer, la doble tributación que castiga a los adultos mayores por tener más de una propiedad, y varios proyectos más orientados a desmontar trabas que no sirven a nadie más que al statu quo.
Ninguno de esos proyectos es radical ni irresponsable, de hecho el propio Fernández ha tenido el cuidado de demostrar que sus propuestas no comprometen las finanzas públicas, el impuesto hipotecario representó apenas el 0.03% del PIB en la última década, y aun así el Congreso los ha ignorado, rechazado o dejado morir en comisión, con una mayoría oficialista que vota en bloque para preservar exactamente lo que la gente está cansada de preservar.
Y ahí está el problema para el gobierno.
Porque cuando un senador de oposición tiene que reintroducir por cuarta vez el mismo proyecto para eliminar una carga injusta a las mipymes, y cuando la mayoría oficialista aprueba un presupuesto ignorando la indexación salarial que la ley ordena mientras más de 720,000 trabajadores y sus dependientes esperaban que alguien los defendiera, la narrativa se escribe sola, y no la escribe la oposición, la escribe el propio gobierno con sus acciones.
Se puede discutir si Omar Fernández es populista, si sus proyectos tienen o no viabilidad plena, si responden a una estrategia política calculada de cara al 2028, todo eso es legítimo y el debate público tiene derecho a darlo, pero lo que no se puede negar es que está hablando de los problemas reales de gente real, con propuestas concretas que cualquier ciudadano puede leer y entender, y eso en el Congreso dominicano no es poco, es casi una rareza.
Un gobierno con mayoría congresual tiene la capacidad de aprobar leyes, pero también tiene la responsabilidad de haberlas propuesto primero, porque cuando la agenda de las necesidades ciudadanas la define la oposición y el oficialismo solo reacciona o bloquea, la percepción de quién trabaja para la gente y quién trabaja para mantenerse en el poder se instala en el imaginario colectivo con una solidez que ninguna campaña publicitaria puede desmontar fácilmente.
Populista o no, el que da primero da dos veces. Y el que llega tarde a las necesidades de su gente no siempre tiene una segunda oportunidad de llegar.
