@abrilpenaabreu
El presidente ha calificado de inaceptable el asesinato de un joven a manos de un agente policial. Y tiene razón. Lo ocurrido no solo arrebató una vida, sino que desencadenó indignación nacional, protestas y volvió a colocar a la Policía Nacional en el centro del debate público.
Sin embargo, la verdadera pregunta no es si este hecho fue inaceptable, eso ya lo sabemos, la pregunta es por qué seguimos llegando al mismo punto una y otra vez.
Hace apenas unos días otro video recorrió el país mostrando un aparente uso desproporcionado de la fuerza contra un ciudadano. Antes hubo otros casos y, aunque cada uno tiene circunstancias distintas y merece ser investigado individualmente, la percepción ciudadana es que estos episodios se repiten con demasiada frecuencia.
Eso también tiene consecuencias para la propia institución, miles de policías cumplen su deber con profesionalismo y respeto por la ley, pero terminan cargando con el desprestigio que provocan unos pocos que olvidan que vestir un uniforme no les coloca por encima de la ley.
La solución tampoco puede seguir siendo exclusivamente identificar al responsable cuando ya ocurrió una tragedia, someterlo a la justicia y esperar el siguiente caso. Esa respuesta es necesaria, pero claramente insuficiente.
Por eso vale la pena hacerse una pregunta distinta: ¿de verdad no tenemos la capacidad técnica para evaluar periódicamente a nuestros agentes? ¿No contamos con los recursos para conocer su estado psicológico, su manejo del estrés, su historial disciplinario, el uso recurrente de la fuerza o el número de denuncias que acumulan antes de que ocurra una desgracia?
Si hoy no es posible supervisar individualmente a cada policía las 24 horas del día, sí debería ser posible construir un sistema que permita separar el trigo de la paja.
La tecnología ya permite desarrollar sistemas de alerta temprana que identifiquen patrones de riesgo: agentes con múltiples denuncias, uso reiterado de la fuerza, problemas disciplinarios, ausencias relacionadas con estrés o conductas que ameriten una revisión más profunda. A partir de esa información, la institución podría tomar decisiones proporcionales: reforzar el entrenamiento, ofrecer apoyo psicológico, reasignar funciones o, cuando corresponda, retirar definitivamente del servicio a quienes no estén en condiciones de portar un arma y ejercer autoridad.
Eso no significa perseguir policías, todo lo contrario, significa proteger a los miles de buenos agentes que cada día arriesgan su vida y que también son perjudicados cuando unos pocos destruyen la confianza de toda la institución.
En todas las policías del mundo ocurren excesos, ninguna está libre de ellos, lo que distingue a las instituciones más sólidas no es la ausencia absoluta de errores, sino su capacidad para prevenirlos, detectarlos y corregirlos antes de que terminen costando una vida.
La confianza ciudadana no se recupera únicamente con condenas públicas ni con promesas de sanción. Se recupera cuando el Estado demuestra que es capaz de anticiparse al problema y no solamente reaccionar después de la tragedia.
Porque lo verdaderamente inaceptable no es solo lo que hizo un agente, la verdaderamente inaceptable sería conformarnos con que, una semana después, otro caso vuelva a ocupar los titulares y volvamos a tener exactamente la misma conversación.
