Por Abril Peña
La reputación es lo más valioso que tiene un ser humano. Y en un país como el nuestro, donde un proceso judicial puede durar años y donde los desmentidos no alcanzan a la misma audiencia que las calumnias, el daño a la honra es muchas veces irreparable.
Por eso, aunque celebro que se esté discutiendo una nueva legislación sobre libertad de expresión, me niego a aceptar que esta discusión se reduzca a una consigna binaria entre libertad o censura. Porque no se trata solo de proteger la libertad de hablar. Se trata también de proteger el derecho a no ser destruido por una mentira.
La libertad de expresión no debe ser impunidad. Pero la ley, tampoco puede ser mordaza.
Cualquier legislación moderna debe reconocer ese delicado equilibrio. Y eso es justamente lo que está en juego con el nuevo proyecto de ley que se debate en República Dominicana.
¿Dónde están los principales riesgos del proyecto?
Un análisis reciente del Centro Jurídico para la Prensa y la Expresión (CJPE) señala que esta ley, tal como está redactada, no fortalece la democracia ni la verdad, sino que crea un marco frágil, ambiguo y propenso al abuso de poder. Estos son los puntos más preocupantes:
- Objeto legal poco claro
No define si es una ley penal, administrativa o constitucional. Esto genera inseguridad jurídica y deja abierta la interpretación a conveniencia del poder político y ni hablar de la ambigüedad en las tipificaciones.
- Duplicación de normas
Repite sanciones ya contempladas en el Código Penal y otras leyes, como la de Delitos de Alta Tecnología. Esta duplicidad puede dar lugar a doble persecución.
- Poder desproporcionado del Ministerio Público
Otorga al MP facultades amplias sin suficiente control judicial. En un país con debilidades institucionales, esto aumenta el riesgo de persecución política.
- Responsabilidad solidaria injusta
Los medios, plataformas y hasta sus directores podrían ser sancionados por comentarios de terceros, aunque no los hayan conocido ni aprobado. Esto incentiva la autocensura.
- Penas desproporcionadas
Multas elevadas y penas de prisión por expresiones públicas, sin definir claramente qué constituye una falta. Esto convierte el error o la crítica en delito.
- No distingue entre figuras públicas y privadas
Toda persona tiene derecho a su honra, pero una figura pública debe tolerar mayor escrutinio. Esta ley no establece esa diferencia esencial para el periodismo de investigación.
- Concepto vago de “noticia falsa”
No se establecen criterios técnicos ni procesos para determinar qué es falso. Esto permite que el Estado se convierta en árbitro de la verdad.
- Ignora estándares internacionales
La propuesta no toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni principios como el de proporcionalidad y legalidad.
Mi posición: ¿se puede proteger la verdad sin reprimir la crítica?
Sí. Y debemos hacerlo. Porque yo también creo que no todo debe quedar en manos de la vía civil. En países como el nuestro, donde el sistema judicial es lento y donde la reparación civil es insuficiente, hay casos donde la penalización de la difamación con dolo puede ser necesaria. Pero eso no debe convertirse en una herramienta para silenciar.
Por eso matizo el análisis del CJPE:
• Sí a castigar al que miente con intención de dañar, sobre todo si ese daño es público, mediático y deliberado.
• Pero no con penas desproporcionadas ni enmarcadas en leyes ambiguas que terminen castigando también la crítica, el error o el desacuerdo.
Sé que mi posición podría parecer ambivalente, pero no lo es.
Antes de ser comunicadora y dueña de medios, fui estudiante de Derecho. Tal vez eso me hace ver ambos mundos. Y de colofón, también soy política.
He vivido en carne propia lo mejor y lo peor: sé del poder de la palabra para ayudar o para dañar, y eso me hace tremendamente consciente del privilegio que implica ser figura pública, pero aún más consciente de la responsabilidad que todos deberíamos tener al momento de emitir una opinión.
Por eso no puedo —ni quiero— estar en un bando.
Porque para mí, al menos, hay excesos que no son libertad… son libertinaje.
Dicho esto y como reflexión final: legislar sin miedo, pero también sin revancha
Este proyecto, tal como está, no garantiza justicia, ni verdad, ni libertad. Puede convertirse en una herramienta de persecución tanto como en una excusa para la impunidad.
Legislar sobre la palabra es una de las decisiones más delicadas en democracia. Porque la palabra puede construir o destruir. Puede ser libertad… o puede ser veneno.
Por eso necesitamos una ley justa, equilibrada, precisa y valiente. Que castigue al que miente con dolo. Que proteja al que opina con honestidad. Que no silencie al que denuncia. Pero que tampoco ampare al que destruye con cinismo desde una cuenta anónima o una cámara encendida.
Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión. Es la convivencia. Es la verdad. Es la democracia.
Y si no somos capaces de protegerlo todo a la vez, no estaremos legislando… solo estaremos imponiendo el miedo o defendiendo el caos.
