@abrilpenaabreu
La propuesta de Ley Mirabal merece atención y respaldo. Fortalecer la protección de las mujeres, reconocer otras manifestaciones de violencia y establecer responsabilidades claras para las instituciones son objetivos necesarios. Pero hay una pregunta que debe acompañar su discusión desde ahora: ¿existirá la voluntad política para hacerla cumplir una vez sea aprobada?
Porque en República Dominicana sabemos aprobar leyes. Lo que todavía tenemos pendiente es garantizar que se cumplan, de manera oportuna y con consecuencias para quienes las incumplen.
La iniciativa busca articular la prevención, la protección, la investigación, la sanción y la reparación. Su propósito de evitar que una mujer tenga que recorrer distintas instituciones buscando ayuda responde a una necesidad urgente. Una víctima amenazada necesita una respuesta que llegue a tiempo.
Sin embargo, la protección de las mujeres no comienza con este proyecto. Ya existe un marco legal, incluida la Ley 24-97. Por eso, junto con discutir las nuevas disposiciones, corresponde examinar qué ha impedido que las herramientas existentes ofrezcan toda la protección que deberían.
Sería impreciso afirmar que todo lo propuesto ya está contemplado. La Ley Mirabal incorpora novedades. Pero también sería un error presentar su eventual aprobación como si, por sí sola, pudiera resolver las fallas de aplicación.
Una orden de protección necesita seguimiento. Una denuncia requiere evaluación del riesgo. Una amenaza exige una respuesta proporcional a su gravedad. La coordinación institucional tiene que funcionar en la práctica, especialmente cuando una mujer corre peligro. La voluntad política se demuestra asignando presupuesto, formando al personal, garantizando servicios y supervisando resultados. También se demuestra investigando las omisiones y estableciendo responsabilidades cuando una institución incumple su deber.
Si una mujer denuncia amenazas, ¿quién verifica que las medidas de protección se ejecuten? ¿Quién da seguimiento a su situación? ¿Qué ocurre si el agresor incumple una orden? ¿Qué consecuencias enfrenta el funcionario que desatiende una obligación? Esas respuestas deben formar parte del debate legislativo.
Honrar a las hermanas Mirabal exige asumir compromisos que puedan medirse. Cuánto tardan las instituciones en responder. Cuántas mujeres reciben protección efectiva. Cómo se atiende a sus hijos. Qué recursos se destinan y cómo se utilizan. El Congreso debe estudiar y fortalecer esta propuesta. El Gobierno y el sistema de justicia deben preparar las condiciones para aplicarla. Y la sociedad tiene derecho a exigir resultados.
La aprobación será un paso importante. Su verdadero valor se demostrará cuando una mujer pida ayuda y encuentre un Estado capaz de protegerla. Porque el homenaje más digno a las Mirabal será que la ley que lleve su nombre se cumpla.
