Leonel revela gobierno ha otorgado más de 400 mil visas a haitianos en lo que va del 2024 pese a cierre de consulados

Por pregoadmin

Fernández reitera defensa de postura dominicana sobre nacionalidad y migración haitiana en su columna «Observatorio Global»


El Pregonero, Santo Domingo.- El expresidente de la República Dominicana y líder de la oposición, Leonel Fernández, ha denunciado una grave inconsistencia en las políticas migratorias del gobierno de Luis Abinader. En su más reciente columna Observatorio Global, Fernández reveló que en lo que va del año 2024 se han otorgado más de 400 mil visas de turista a ciudadanos haitianos, a pesar de que los consulados dominicanos en Haití supuestamente están cerrados.

Basándose en declaraciones del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, Fernández destacó que solo en el mes de septiembre se emitieron más de 39 mil visas.

“El gobierno del PRM lo ha negado, pero es una práctica que continúa hasta nuestros días», afirmó el exmandatario, cuestionando la coherencia del gobierno en su manejo del tema migratorio.

El líder opositor calificó como «ambigua» la postura de Abinader, quien denuncia ante la comunidad internacional la violencia y la crisis en Haití, mientras facilita una «migración indiscriminada» al permitir la emisión masiva de visas.

“Es escalofriante que, mientras se habla de proteger la soberanía nacional, el propio Estado permite la entrada de miles de haitianos bajo la figura de turistas», subrayó Fernández.

Además de su denuncia sobre las visas, Fernández aprovechó su columna para abordar el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que define los criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana. El expresidente desmintió los alegatos de segregación racial y «apartheid» que han surgido de ciertos sectores, incluyendo recientes protestas de descendientes haitianos frente al Palacio Nacional.

Fernández explicó que la sentencia reafirmaba el principio del ius sanguinis (derecho de sangre), según el cual la nacionalidad se concede por la ascendencia de los padres dominicanos, y no simplemente por el lugar de nacimiento (ius solis). “No se trata de una decisión judicial orientada hacia la segregación racial, como ocurría en África del Sur en tiempos de Nelson Mandela», afirmó Fernández, aclarando el verdadero propósito de la disposición.

Ley 169-14: un régimen especial para regularizar la situación de descendientes haitianos

El expresidente también abordó el caso de Juliana Deguis Pierre, cuyo rechazo de la solicitud de cédula de identidad desencadenó la sentencia. Afirmó que la posterior aprobación de la Ley 169-14 permitió regularizar la situación de miles de personas en condiciones similares. “La nacionalidad dominicana así otorgada no era porque correspondía de pleno derecho, sino que fue el resultado de una disposición legal especial”, aclaró Fernández.

Agregó que la ley estableció un régimen de regularización migratoria para aquellos que no cumplían los requisitos de nacionalidad dominicana, dejando claro que no todos los descendientes de haitianos tienen derecho automático a la ciudadanía dominicana.

Finalmente, Fernández reiteró la creciente preocupación por la gestión migratoria del gobierno de Abinader, especialmente en relación con la entrada masiva de haitianos. Para el líder opositor, las cifras reveladas sobre la emisión de visas y la falta de un control efectivo generan serias dudas sobre el verdadero compromiso del gobierno con la protección de la soberanía y el orden jurídico del país.

Se recuerda que, en relación con este tema, la reforma constitucional del año 2010, promovida por Leonel Fernández, afianzó el criterio sobre quiénes son dominicanos. En ese sentido, durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2014, Fernández defendió con firmeza la autodeterminación del pueblo dominicano. En su discurso, el expresidente consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se extralimitó al ordenar a la República Dominicana modificar su ordenamiento constitucional para el otorgamiento de la nacionalidad.

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