@abrilpenaabreu
El Tribunal Constitucional acaba de hacer lo que el Congreso sabía perfectamente que podía pasar: declarar inconstitucional la reforma más reciente del Código Procesal Penal dominicano, porque —aunque es una ley orgánica— no se aprobó siguiendo los requisitos que exige la Constitución. Y hoy estamos viendo las consecuencias de legislar con ligereza en un país donde las malas prácticas se pagan caro… pero no las pagan quienes las cometen.
Porque esto no es un simple tecnicismo jurídico. No.
Este fallo amenaza con poner en peligro cientos de casos penales que ahora mismo están en curso en los tribunales. Y peor aún: nos retrotrae al código anterior, un instrumento viejo, desactualizado, con más años que muchos de los jueces que hoy conocen los expedientes.
Y aquí viene lo absurdo: mientras el Constitucional tumba el código por inconstitucional, en el Congreso corre una nueva modificación… justo del mismo código recién enterrado.
Una reforma que, entre otras cosas, pretende aumentar la prisión preventiva máxima de 18 meses a dos años, y abrir la puerta a un “reenganche” de medidas de coerción según el “entender” de los jueces o del Ministerio Público. Un cheque en blanco en un país donde:
Tenemos imputados con cinco años en juicio sin tocar el fondo.
Personas que han esperado diez años presas sin que su caso se conozca, un sistema donde más del 50% de los privados de libertad son preventivos, o sea: sin condena y donde, si te descargan, no hay ni un ‘disculpe’, y los casos de indemnización duran tanto que parecen parte del castigo.
Esto es lo humano… Pero hay algo aún más grave: la irresponsabilidad legislativa.
Un Congreso que aprueba una ley orgánica sin cumplir los requisitos constitucionales, sabiendo que tarde o temprano el Tribunal Constitucional la iba a tumbar… es un Congreso que juega con fuego. Es un Congreso que legisla sin rigor, sin técnica, sin responsabilidad. Es un Congreso que, sin decirlo, admite que no le importa que una norma clave para la justicia dominicana nazca muerta.
Y aquí está la ironía final: Esa misma clase política que hoy quiere draconianas medidas preventivas, ese mismo legislador que hoy pide dos años de prisión sin condena, mañana podría ser el imputado.
El cuchillo afilado que hoy levantan contra otros terminará siendo filo contra su propia garganta.
Por eso, antes de seguir inventando reformas improvisadas y peligrosas, deberían concentrarse en salvar lo que queda del Código Procesal Penal actual, introducirlo correctamente como manda la ley, sin cambios cosméticos, aprobarlo de emergencia y evitar que:
Los casos penales queden en el aire, el país quede regido por un código de hace décadas y el sistema entero entre en un limbo jurídico que pagará el ciudadano, no ellos.
Porque cuando el sistema colapsa, el que se queda preso no es el legislador, es el pobre, el anónimo, el que no tiene apellido ni abogado mediático.
