Por LUIS MATIAS
La relación entre el Estado y la economía ha sido, desde siempre, uno de los grandes temas del pensamiento económico. Dos figuras monumentales del siglo XX, John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, marcaron los polos de ese debate que aún hoy sigue definiendo las decisiones de política económica: la intervención estatal frente al libre mercado.
Keynes sostenía que los mercados no siempre se autorregulan y que, en momentos de crisis, el Estado debe actuar como un agente estabilizador. En su célebre Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936), defendió que el gasto público podía y debía aumentar para estimular la demanda agregada y reactivar la economía. Para él, la intervención estatal era una herramienta racional para proteger el bienestar social.
Hayek, en cambio, advirtió en Camino de servidumbre (1944) que toda planificación económica excesiva desembocaba en pérdida de libertad e ineficiencia. Según el economista austríaco, el mercado guiado por el sistema de precios y la información dispersa de millones de individuos era el mejor mecanismo para asignar recursos. La intervención del Estado, decía, solo genera distorsiones, corrupción y autoritarismo.
La diferencia esencial entre ambos no radica solo en la teoría, sino en la confianza: Keynes confiaba en la racionalidad del Estado; Hayek, en la sabiduría del mercado. Ese dilema sigue vivo, sobre todo en economías como la nuestra, donde el Estado ha jugado históricamente un papel protagónico en la inversión y el crecimiento.
El espejo dominicano
En la República Dominicana, la inversión pública ha sido, por décadas, un motor de crecimiento. Desde los años sesenta, los distintos gobiernos han aplicado con matices políticas inspiradas en una u otra corriente económica, sin apartarse totalmente del principio de que el Estado debe participar activamente en el desarrollo productivo.
Tras la caída del régimen de Trujillo (1961–1965), la inversión pública representaba apenas un 3.8 % del PIB. Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966–1978), ese porcentaje se elevó hasta un promedio de entre 5.5 % y 6 %, lo que permitió una fuerte expansión de la infraestructura nacional. Más adelante, en los gobiernos de Antonio Guzmán (1978–1982) y Salvador Jorge Blanco (1982–1986), la inversión cayó a niveles de 4.5 % y 2.8 % respectivamente.
Los picos más altos se observaron nuevamente en los periodos de Leonel Fernández (2004–2012), con tasas cercanas al 5 %, impulsadas por grandes obras de infraestructura y modernización del aparato productivo.
Sin embargo, en los años más recientes (2020–2025), la inversión de capital público se ha reducido preocupantemente a entre 2.6 % y 3.2 % del PIB, según los propios informes oficiales. Esta tendencia no es un simple dato contable: refleja un cambio de prioridades hacia el gasto corriente salarios, subsidios y programas de corto plazo que no generan retorno económico sostenible.
El riesgo del desequilibrio
No es razonable que el Estado gaste más, pero invierta menos. La recuperación económica no puede sostenerse sobre un patrón de gasto improductivo que no crea riqueza ni fortalece las cuentas fiscales. Tras la pandemia, el argumento de “emergencia” sirvió para justificar un aumento del gasto corriente. Sin embargo, mantener esa estructura más allá del contexto excepcional es un error que debilita la capacidad del país para crecer de forma sólida.
Si algo nos enseña la historia económica dominicana es que los momentos de mayor estabilidad y crecimiento coincidieron con una inversión pública robusta. La infraestructura carretera, puertos, energía, tecnología no solo impulsa el empleo, sino que crea las condiciones para que el sector privado florezca. Reducir la inversión pública es, en cierto modo, renunciar a la estrategia que históricamente nos ha funcionado.
Un llamado a la sensatez fiscal
Keynes y Hayek seguirán discutiendo desde sus libros, pero en la práctica el país necesita equilibrio. Ni el intervencionismo desmedido ni el liberalismo ciego garantizan prosperidad. Lo que sí la garantiza es una política fiscal inteligente, que priorice la inversión sobre el gasto corriente, y que entienda que cada peso del presupuesto debe traducirse en productividad, empleo y bienestar colectivo.
Recuperar una inversión pública cercana al 5 % del PIB no es un lujo; es una necesidad si aspiramos a retomar una senda de crecimiento sostenible, fortalecer las cuentas fiscales y devolver al Estado su papel como catalizador del desarrollo.
En tiempos de incertidumbre global, más que nunca, el país necesita un Estado que invierta con visión, no que gaste por costumbre.
