@abrilpenaabreu
La justicia dominicana tiene dos varas. Una mide con rigor implacable a los pobres. La otra, con delicadeza, cuida la imagen, los derechos y hasta la dignidad de quienes vienen de sectores privilegiados. Y cuando la enfermedad mental entra en juego, esa desigualdad se vuelve aún más evidente.
Ana Josefa García Cuello lleva más de once meses en prisión preventiva, acusada de un crimen atroz: quitarle la vida a su propia hija. Un hecho estremecedor, sin dudas. Pero también lo es el diagnóstico de esquizofrenia paranoide severa que presenta, confirmado por la psiquiatra del Estado adscrita al Inacif. Y aun así, permanece encerrada en una cárcel común, sin audiencia, sin acceso a un centro especializado y sin la mínima conmiseración social o institucional.
En contraste, hace apenas 3 días un joven con diagnóstico de esquizofrenia mató a una mujer e hirió a varias personas en el sector Naco. Su caso fue manejado con guantes blancos: fue rápidamente ingresado en una unidad de salud mental de un centro privado. De él se supo poco. De su víctima, menos. A ambos los protegió el anonimato, los vínculos familiares y, sobre todo, la clase social.
En el caso de Ana Josefa, los titulares la redujeron a una “adoradora del diablo”. Se filtraron detalles escabrosos, incluso irrelevantes, sólo nos faltó enterarnos de la marca de su ropa interior. La prensa se ensañó con morbo y desdén. ¿La diferencia? Ella es pobre. Vive en Los Trinitarios, en Santo Domingo Este. No es hija de nadie con apellido reconocido.
¿A esto llamamos justicia?
No pedimos impunidad. Ni para uno, ni para el otro. Pedimos coherencia. Pedimos humanidad. Pedimos que se reconozca que en República Dominicana hay decenas, si no cientos, de personas privadas de libertad que no deberían estar en una cárcel, sino bajo atención psiquiátrica especializada. Que no es lo mismo ser esquizofrénico en Naco que en un barrio marginado.
Y cuando el Estado falla en reconocer esa desigualdad, la cárcel deja de ser medida de coerción y se convierte en una pena anticipada, en una sentencia silenciosa dictada por el prejuicio, la pobreza y el olvido institucional.
No es justicia. Es clasismo con toga.
