Por Kelvin Ortiz Faña
El Pregonero, Santo Domingo. El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que el sistema de justicia debe mantener límites claros al ejercicio del poder estatal y advirtió que una democracia se debilita cuando los procesos penales dejan de perseguir delitos para convertirse en mecanismos de persecución contra personas.
En un artículo de opinión titulado “Cuando la justicia deja de perseguir delitos y comienza a perseguir personas”, Rodríguez sostuvo que su experiencia tanto como procurador general como imputado durante casi seis años le permitió comprender la importancia de las garantías procesales y del debido proceso.
El exfuncionario afirmó que las garantías constitucionales no fueron creadas para proteger culpables, sino para impedir que el poder del Estado actúe sin límites, al tiempo que insistió en que combatir la corrupción debe hacerse respetando estrictamente el Estado de derecho.
Rodríguez reveló que durante su gestión recibió propuestas para ampliar investigaciones hacia familiares y entornos personales de personas bajo investigación, las cuales aseguró haber rechazado por considerar que la responsabilidad penal es individual.
A su juicio, una investigación penal nunca debe utilizarse para provocar condenas anticipadas mediante filtraciones selectivas, ruedas de prensa o juicios paralelos en la opinión pública, ni para afectar el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o la reputación de una persona antes de una sentencia definitiva.
Asimismo, cuestionó el uso de la prisión preventiva como mecanismo de castigo y criticó la prolongación excesiva de los procesos judiciales, señalando que en su caso el expediente supera los seis años, pese a que la legislación dominicana establece un plazo máximo de cuatro años para la duración de un proceso penal.
El exprocurador citó estadísticas del Poder Judicial, según las cuales entre 2014 y 2025 los tribunales acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles, al considerar que esos datos evidencian que el tiempo también puede convertirse en una pena cuando excede los límites legales.
Rodríguez también planteó que nunca deberían existir presiones sobre jueces, fiscales, abogados, médicos, periodistas, peritos o testigos, ni utilizarse mecanismos para obstaculizar el derecho de defensa o afectar la independencia judicial.
Además, sostuvo que la fortaleza del Ministerio Público no debe medirse por la cantidad de acusaciones o condenas obtenidas, sino por su capacidad de investigar con objetividad, respetar el debido proceso y acatar las decisiones de los tribunales, incluso cuando estas no favorezcan a la institución.
Finalmente, afirmó que los límites al poder no existen para proteger a una persona en particular, sino a toda la sociedad, al advertir que “la verdadera fortaleza de la justicia consiste en demostrar que puede respetar los derechos de todos, incluso de aquellos a quienes acusa”.
