Por José Alberto Blanco
La inflación se ha convertido en el tema político y económico más sensible de la República Dominicana. No es un fenómeno abstracto: se traduce en el precio del arroz, el pollo y los cerdos, alimentos que sostienen la mesa de millones de familias. El costo de la vida golpea con fuerza, y detrás de las cifras se esconde un debate crucial: ¿puede el gobierno garantizar la soberanía alimentaria frente a las importaciones?
El arroz, símbolo de la dieta nacional, enfrenta una amenaza silenciosa. La República Dominicana produce casi todo lo que consume, según el Informe de Producción Agropecuaria 2019–2023 del Banco Central de la República Dominicana y las Estadísticas de Producción de Arroz 2024–2025 del Ministerio de Agricultura. La producción ha mostrado estabilidad en los últimos años, con un volumen cercano al millón de toneladas métricas de arroz blanco en bruto y alrededor de 14.7 millones de quintales en 2025, lo que cubrió más del 95% del consumo nacional.
Sin embargo, los compromisos asumidos en el DR-CAFTA han abierto la puerta a importaciones subsidiadas que ingresan al mercado a precios más bajos que la producción local. Miles de productores ven cómo su esfuerzo se devalúa, mientras los consumidores enfrentan precios inflados por la cadena de distribución y el encarecimiento de los insumos agrícolas.
El pollo, principal proteína animal del país, vive una paradoja similar. Los granjeros enfrentan alzas en el maíz y la soya, insumos importados que encarecen la crianza. Al mismo tiempo, el mercado recibe pollo congelado de fuera, que presiona los precios y deja a los productores locales en desventaja. El resultado es un sector debilitado y consumidores que sienten el golpe en cada compra.
La porcicultura, por su parte, aún se recupera de la peste porcina africana que obligó a sacrificar miles de animales. Aunque el sector ha mostrado resiliencia, la competencia de carne importada y los altos costos de producción mantienen la incertidumbre. El cerdo, tradicional en la mesa dominicana, se convierte en otro frente de batalla en la lucha contra la inflación.
Sin embargo, la fiebre porcina africana no ha sido enfrentada con la debida contundencia por las autoridades, lo que prolonga la vulnerabilidad del sector y deja a los productores expuestos a nuevas crisis sanitarias y económicas.
El gobierno defiende las importaciones como una política de apertura comercial, presentándolas como una vía para abaratar productos. Pero en realidad, lo que se está hipotecando es la soberanía alimentaria.
El debate no es menor: detrás de cada quintal de arroz, cada libra de pollo o cada cerdo sacrificado, hay productores rurales, empleos y comunidades enteras que dependen de la estabilidad del campo. Lo que se presenta como una estrategia de mercado termina siendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria y al tejido social que sostiene la vida rural dominicana.
La inflación, entonces, no solo es un problema de bolsillo. Es un desafío político y social que pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a sus productores y garantizar que la mesa dominicana siga siendo abastecida por manos dominicanas. El país se encuentra en una encrucijada: o fortalece su producción nacional, o se resigna a depender de importaciones que, tarde o temprano, pueden dejarlo vulnerable.
