Por Abril Peña
El 2 de agosto de 1934, Alemania enterró su república y legalizó su tragedia. Ese día, Adolf Hitler asumió oficialmente la presidencia del país, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg. En ese momento, Hitler ya era canciller, jefe del gobierno. Con la presidencia en sus manos, fusionó ambos cargos en uno solo y se autoproclamó “Führer y canciller del Reich”.
Alemania ya no tenía un presidente. Tenía un líder absoluto.
Este paso fue más simbólico que administrativo: para entonces, Hitler ya controlaba la maquinaria estatal, el aparato judicial, la prensa, el ejército y la vida de millones de personas. Pero la fusión formal del poder selló el nacimiento del Tercer Reich. No fue un golpe de Estado. Fue una dictadura legalizada.
El ascenso de Hitler no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una crisis prolongada, una democracia débil, una economía en ruinas y una sociedad cansada, frustrada y manipulada. Hitler prometió orden, orgullo nacional y recuperación económica. Y aunque cumplió algunas de esas promesas, el costo fue monstruoso: campos de concentración, persecuciones raciales, censura total, expansión bélica, y al final, una guerra mundial con más de 60 millones de muertos.
Lo más aterrador de su llegada al poder no es lo que hizo después, sino cómo lo logró antes: con votos, con leyes, con propaganda, con la complicidad de elites que creyeron poder usarlo… hasta que él los usó a todos.
Hoy, 91 años después, el 2 de agosto debe recordarse como advertencia. No basta con tener elecciones para que exista democracia. El autoritarismo no siempre entra con tanques. A veces entra con corbata, con discursos nacionalistas y con el aplauso de una población herida que quiere creer.
Las democracias no mueren siempre en las sombras. A veces mueren a plena luz del día, firmadas por decreto y legitimadas por el miedo.
