@abrilpenaabreu
La República Dominicana no debe involucrarse militarmente en el conflicto haitiano. La Constitución, la historia y el interés nacional obligan a actuar con prudencia ante una crisis cuya solución no nos corresponde imponer.
La posibilidad de enviar soldados dominicanos a Haití para enfrentar a las pandillas merece mucho más que declaraciones improvisadas y planteamientos cargados de desconocimiento constitucional. Se trata de una decisión de enormes consecuencias políticas, militares y diplomáticas que comprometería la seguridad nacional y las relaciones futuras entre ambos países.
En primer lugar, el presidente Luis Abinader no tiene facultades para disponer unilateralmente el envío de tropas dominicanas a una misión internacional de paz. El artículo 80, numeral 7, de la Constitución establece que corresponde al Senado aprobar o desaprobar estas misiones, fijando sus condiciones y duración. La participación militar en el extranjero no puede depender exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Pero el impedimento más importante para involucrarnos en el conflicto haitiano no es únicamente jurídico. Es histórico, político y estratégico.
República Dominicana y Haití arrastran una relación marcada por conflictos, ocupaciones, resentimientos y episodios que todavía condicionan la percepción internacional de ambas naciones. Esa realidad convierte cualquier presencia militar dominicana en territorio haitiano en un riesgo extraordinario, incluso cuando pudiera estar amparada por una misión internacional.
Haití ha construido, y en ocasiones aprovechado diplomáticamente, una narrativa internacional sustentada en su pobreza extrema, su vulnerabilidad humanitaria y su condición de nación históricamente desfavorecida. Esa percepción, unida a los antecedentes entre ambos países, coloca a República Dominicana en una posición particularmente delicada.
La muerte de un haitiano durante una operación militar dominicana, incluso si se tratara de un pandillero armado, podría desencadenar acusaciones de agresión, abusos o motivaciones históricas. El debate internacional correría el riesgo de desplazarse de la lucha contra las organizaciones criminales hacia el cuestionamiento de la actuación dominicana. La legitimidad de una operación no garantiza el control de su interpretación política.
Nuestro país no tiene por qué exponerse a semejante escenario.
La responsabilidad de reconstruir la seguridad y las instituciones haitianas corresponde, en primer término, a Haití, con el respaldo de los organismos internacionales y las naciones comprometidas con su estabilización. Compartir una frontera no convierte a República Dominicana en responsable militar del colapso del Estado vecino.
Eso no significa indiferencia. República Dominicana debe continuar colaborando diplomáticamente, respaldando los esfuerzos internacionales legítimos y fortaleciendo sus mecanismos de seguridad fronteriza. La cooperación es necesaria; la intervención militar directa, no.
Existe, además, una diferencia fundamental entre intervenir en un conflicto interno y ejercer el derecho a la legítima defensa. Si desde territorio haitiano se produjera un ataque armado contra República Dominicana, nuestro Estado tendría el derecho y la obligación de responder conforme a la Constitución y al derecho internacional. El artículo 128, numeral 1, literal f, contempla las facultades presidenciales ante ataques armados actuales o inminentes, dentro de los límites constitucionales correspondientes.
Defender nuestro territorio frente a una agresión es una obligación soberana. Cruzar voluntariamente la frontera para combatir pandillas en Haití es una decisión de naturaleza completamente distinta.
La política dominicana debe continuar concentrada en proteger su territorio, fortalecer sus Fuerzas Armadas, controlar su frontera y exigir que la comunidad internacional asuma las responsabilidades que le corresponden. Nuestros soldados no deben convertirse en protagonistas de una guerra urbana que podría prolongarse indefinidamente y generar consecuencias irreparables para las relaciones entre ambas naciones.
La prudencia no es debilidad. Es comprender que el interés nacional se defiende también evitando conflictos innecesarios.
República Dominicana no debe enviar soldados a combatir en Haití. No hay solución dominicana para el conflicto haitiano, y mucho menos una solución que deba escribirse con la sangre de nuestros militares.
