EL PREGONERO, LA ALTAGRACIA – La Fiscalía de La Altagracia ha solicitado formalmente la imposición de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el ciudadano Jefte Rafael Ventura Jiménez.
Se le imputa la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente por difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos.
La acción legal surge tras la difusión de una serie de videos en las cuentas de Instagram @hablandodevehiculos y @jefte_ventura, así como en YouTube y WhatsApp, en los que Ventura Jiménez realizó afirmaciones calificadas como falsas y maliciosas contra la empresa PETROMÓVIL, S.A. y el abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez.
Detalles de las imputaciones
Según el expediente acusatorio, en fecha 14 de mayo de 2025, el imputado publicó contenido audiovisual donde afirmaba que PETROMÓVIL impedía la evaluación de la calidad de su combustible y sugería que el Ministerio de Industria y Comercio calificaba dicho producto como «una porquería». Asimismo, el imputado atribuyó de forma injuriosa al señor Montilla Martínez haber proferido amenazas contra su integridad personal, sugiriendo que este actuaba bajo métodos intimidatorios.
La querella establece que Ventura Jiménez utilizó documentos y gráficos que no corresponden a la verdad para respaldar sus denuncias, lo que ha generado un daño masivo a la reputación comercial de la franquicia y a la honra profesional de los querellantes.
Impacto y fundamentación jurídica
Los querellantes, representados por sus equipos legales, sostienen que estas publicaciones han provocado una baja sensible en los ingresos de las estaciones de servicio, especialmente en la ciudad de Higüey, y han creado un clima de desconfianza injustificado entre los consumidores.
El Ministerio Público sustenta su solicitud en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, que sancionan la difamación e injuria pública a través de medios informáticos con penas de prisión y multas. El expediente resalta que el imputado actuó con «intención culpable», buscando desacreditar activamente a una empresa que cuenta con todas las certificaciones de calidad estatales.
Solicitudes de la Fiscalía
Además de la prisión preventiva, la parte querellante ha solicitado al Juzgado de la Instrucción:
La extracción oficial de los videos de las plataformas digitales a través del DICAT o el INACIF para preservar la evidencia digital.
La declaración de secreto total de las actuaciones para garantizar la efectividad de las investigaciones.
El resarcimiento civil por los daños y perjuicios morales y materiales causados a las víctimas.
PETROMÓVIL, S.A. reafirma su compromiso con los estándares de calidad y transparencia, asegurando que sus operaciones están bajo la supervisión constante de los organismos técnicos reguladores del país.
