Por José Francisco Peña Guaba
Secretario General de FOPPPREDOM
Señor presidente Luis Abinader:
Me dirijo a usted con el respeto que merece su investidura, para llamar su atención sobre una situación de trascendental importancia para la institucionalidad democrática dominicana: las insuficientes asignaciones contempladas para la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos en el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.
En el día de hoy, representantes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos acudimos al Congreso Nacional para plantear esta preocupación. Recibimos una atención muy especial y respetuosa por parte del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, gesto institucional que valoramos y agradecemos.
Sin embargo, reconocemos que, aunque corresponde al Congreso Nacional examinar y aprobar el presupuesto, la responsabilidad principal de su formulación y presentación recae sobre el Poder Ejecutivo, razón por la cual dirigimos especialmente esta reflexión al presidente de la República.
No estamos ante un año cualquiera. El 2027 será decisivo para preparar las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2028. Tanto la JCE como las organizaciones políticas deberán asumir extraordinarias responsabilidades institucionales, organizativas, administrativas y económicas.
Según la documentación presentada al Congreso Nacional, la JCE solicitó RD$27,933.7 millones, mientras que el proyecto presupuestario contempla RD$9,249.5 millones, una diferencia de aproximadamente RD$18,684.2 millones, equivalente al 66.89 % de su requerimiento.
Estos recursos son necesarios para organizar las primarias de octubre de 2027; preparar las elecciones municipales de febrero de 2028 y las presidenciales y congresuales de mayo; adquirir los equipos de digitación, escaneo y transmisión de resultados; fortalecer los sistemas tecnológicos; capacitar al personal electoral; desarrollar la logística electoral y cumplir oportunamente los compromisos administrativos y contractuales correspondientes.
En cuanto a los partidos políticos, la situación merece igual atención. El artículo 224 de la Ley 20-23 establece una contribución estatal equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales en los años sin elecciones generales.
Sin embargo, mientras la referencia normativa del presupuesto de 2027 contempla RD$3,498.7 millones, el proyecto solamente asigna RD$1,750.9 millones, dejando sin cubrir aproximadamente el 50 % de dicha referencia.
¿Y qué tendrán que hacer los partidos políticos durante 2027?
Además de mantener su funcionamiento institucional ordinario, deberán orientar a sus afiliados en el proceso de cedulación; actualizar sus padrones; realizar afiliaciones y registros; organizar sus estructuras territoriales; celebrar reuniones estatutarias; renovar autoridades cuando corresponda; preparar sus precampañas; recibir e inscribir precandidaturas; organizar primarias, convenciones, asambleas y encuestas; seleccionar sus candidatos; administrar las reservas legales de candidaturas; negociar y formalizar alianzas electorales; preparar las candidaturas municipales, congresuales y presidenciales; organizar y capacitar delegados electorales; formar dirigentes; fortalecer sus sistemas administrativos y tecnológicos; cumplir las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas; y atender sus compromisos permanentes de nómina, seguridad social, alquileres, servicios y obligaciones financieras legítimamente contraídas.
Todas estas responsabilidades requieren recursos oportunos. Además, los costos de las primarias que legalmente correspondan a los partidos pueden reducir los fondos disponibles para sus demás actividades.
Señor presidente, comprendemos las limitaciones económicas del Estado y las múltiples necesidades nacionales. Pero también debemos reconocer que la democracia tiene un costo institucional que no puede desconocerse sin afectar su funcionamiento.
Permítame recordarle un aspecto particularmente significativo.
Usted, como presidente de la República surgido del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización continuadora de la tradición histórica y democrática del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tiene una vinculación especial con el legado del doctor José Francisco Peña Gómez.
Precisamente Peña Gómez fue uno de los grandes impulsores de la lucha por establecer el financiamiento público de los partidos políticos, procurando reducir las desigualdades económicas entre las organizaciones y evitar que la oposición quedara en condiciones de desventaja frente a quienes administran los recursos del Estado.
Esa conquista constituye parte importante de su legado democrático y representa un compromiso histórico que merece ser preservado, particularmente por quienes se identifican con su pensamiento y trayectoria.
No se trata de reclamar privilegios ni de justificar gastos innecesarios. Los partidos deben administrar sus recursos con transparencia, responsabilidad, auditorías y rendición de cuentas. Pero también deben disponer de los fondos que legalmente les corresponden para cumplir sus obligaciones.
Por estas razones, señor presidente, consideramos conveniente que el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Congreso Nacional, examine las asignaciones propuestas y procure una solución institucional que permita atender los requerimientos debidamente justificados de la JCE y garantizar el financiamiento legal de las organizaciones políticas.
Confiamos en que su compromiso con la institucionalidad, su trayectoria democrática y su vinculación con ese legado histórico contribuirán a que esta preocupación reciba la atención que merece.
Porque cuando faltan recursos a la Junta Central Electoral o a los partidos políticos para cumplir sus responsabilidades, no pierden solamente las instituciones ni los dirigentes: pierde la ciudadanía y, con ella, pierde la democracia dominicana.
