El Pregonero, Santo Domingo.– Presos de la incertidumbre y afectados por serias dificultades económicas se declararon los familiares de 14 contratistas pertenecientes al Comité Institucional Codiano (CIC), quienes fallecieron sin llegar a cobrar las acreencias correspondientes a obras ejecutadas para el Estado dominicano.
Durante un encuentro celebrado en la sede central del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), los familiares reclamaron que la comisión ejecutora de la Ley núm. 16-26 otorgue atención urgente y prioritaria a esos expedientes, tomando en consideración su antigüedad y la situación de vulnerabilidad económica de los herederos.
El vocero del CIC, ingeniero Miguel Liberato, informó que los participantes expresaron que la demora en la ejecución de la referida ley no representa únicamente un problema administrativo o financiero, sino una deuda humana que se prolonga sobre familias que llevan años esperando el pago de trabajos debidamente realizados en beneficio del Estado.
En la reunión se revisó de manera individual el estado de la declaración de herederos correspondiente a cada contratista fallecido, con el propósito de determinar cuáles expedientes se encuentran completos y qué trámites deben concluirse para acreditar legalmente a sus beneficiarios.
El consultor jurídico del CODIA, licenciado Claudio Reyes, ofreció orientación a los familiares que todavía no han finalizado el proceso sucesoral, explicándoles los pasos necesarios para completar la documentación requerida y evitar nuevos retrasos cuando llegue el momento de formalizar los pagos.
Por el CODIA también participó César Ramírez, secretario de Relaciones Públicas y secretario general electo de la nueva junta directiva, mientras que en representación del CIC asistieron el presidente en funciones, arquitecto Emiliano Familia y los directivos Nelson Núñez, Félix Miceli y Diómedes Domínguez.
El arqutecto Familia valoró el acompañamiento ofrecido por el CODIA y consideró que esta jornada permitió avanzar en la preparación jurídica de los expedientes, pero advirtió que la orientación legal debe ir acompañada de acciones concretas por parte de las instituciones responsables de ejecutar la Ley 16-26.
Liberato reiteró que los casos de los contratistas fallecidos deben ser colocados entre las primeras prioridades de revisión y pago, “pues ellos murieron esperando cobrar y sus familias no pueden ser condenadas a heredar también la incertidumbre y el abandono”.
Finalmente, los familiares solicitaron a la comisión ejecutora establecer un procedimiento especial y ágil para estos casos, informar el estado real de cada reclamación y fijar un cronograma verificable que permita convertir las acreencias reconocidas en pagos efectivos.
